Rocío se instala frente al banco

Rocío Pérez tomó ayer la decisión a la desesperada. Esta inmigrante peruana de 42 años, separada y madre de dos hijas (de 12 y 9 años), lleva tres años digiriendo su desahucio e intentando buscar un alojamiento alternativo, al alcance de su bolsillo. Así que ayer, cuando los responsables de Bankia se negaron a recibirla para oír, una vez más, su petición de un alquiler social, decidió a bote pronto iniciar una huelga de hambre.

Rocío y su entonces marido compraron un piso en el barrio de Pueblo Nuevo, en el distrito de Ciudad Lineal en 2004, para el que obtuvieron 180.000 euros de hipoteca. Pero hace ya tres años que dejaron de pagar las letras, muy por encima de sus nuevas posibilidades. Rocío no trabaja. Sus ingresos son los 600 euros que recibe de su exmarido para el mantenimiento de las niñas. Y lleva en el bolso un regimiento de medicamentos, porque la ansiedad por su situación económica le ha provocado una cadena de dolencias (otoesclerosis, anemia y problemas auditivos), cuyos partes médicos también porta consigo.

“En el Ivima me aseguran que cumplo los requisitos para una vivienda, pero estoy en espera. La asistente social me dice que si me quedo en la calle se hacen cargo de las niñas, y yo que me vaya a un albergue. Y no puedo pagar los 550 euros que piden como poco por un alquiler”, cuenta Rocío, que tiene puestas sus esperanzas en que la entidad le deje permanecer en el piso por un alquiler de “200 o 300” euros. Desde Bankia aseguran que en este caso, como en todos, “el desahucio es la última opción”.

Anoche Rocío se disponía a dormir en el portal de la oficina de Bankia de la plaza de Celenque, pues su desahucio está previsto para mañana y no pierde la esperanza de que la atiendan. Una amiga le trajo una esterilla y un saco. Un camarero del Starbucks cercano llegó con una bandeja con vasitos de café para los activistas que la acompañaban.

Ayer, las mesas que este fin de semana recogieron firmas para la Iniciativa Legislativa Popular que busca aprobar la dación en pago retroactiva para las viviendas habituales, siguieron aportando cifras de las firmas obtenidas. Con 89 de los 152 puntos de recogida ya contabilizados, los voluntarios madrileños ya suman 30.000 nuevos apoyos. Antes de este fin de semana la iniciativa ya contaba con unos 410.000 partidarios, por lo que es posible que para final de mes hayan sobrepasado las 500.000 que exige el procedimiento.