La Junta abre 349 expedientes de sanción a 19 bancos por las preferentes

La Junta de Andalucía ha incoado un total de 349 expedientes administrativos, previos los sancionadores, de otras tantas reclamaciones presentadas ante la Secretaría General de Consumo por los titulares de participaciones preferentes de 19 entidades financieras. Según informó ayer la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, los expedientes se dirigen contra 19 entidades, aunque el 85% corresponden a reclamaciones contra la entidad Cajasol CaixaBank.

Los servicios jurídicos de la Secretaría General de Consumo están estudiando las diversas causas que podrían ser objeto de sanción y, aunque consideran que “existe materia para sancionar”, admiten que las causas son muy diversas. Consumo no quiso desvelar el nombre de las otras 18 entidades afectadas hasta tanto se resuelvan los expedientes.

Consumo cree que hay “materia para sancionar” aunque mucha casuística

En todo caso, Consumo estudia, además del procedimiento administrativo, acudir a los tribunales mediante la vía civil para presentar una reclamación a las entidades financieras por daños y perjuicios a los afectados o, en su caso, para que se declare la nulidad de los contratos suscritos y se devuelva el dinero a los clientes.

Aunque muchas de las entidades financieras están llegando a acuerdos con los suscriptores de participaciones preferentes, tanto la Junta como la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de oficio y a instancias del Defensor del Pueblo, y algunos tribunales de Primera Instancia, tramitan actualmente denuncias por supuestos abusos y delitos cometidos en la comercialización de este tipo de títulos financieros.

En concreto, el Defensor del Pueblo andaluz entregó en agosto a la Fiscalía del TSJA 300 denuncias de afectados por importes de entre 6.000 y 10.000 euros. El fiscal del TSJA dijo entonces que se estudiarían los casos por separado para determinar si han existido posibles situaciones de fraude con relevancia penal; sí como hizo la fiscalía de Galicia, se interponía una demanda de protección de los consumidores, o si se emprendía una acción civil para reclamar la nulidad de los contratos.

Aunque no existe una cifra oficial, diversas fuentes consultadas consideran que en Andalucía podrían haberse visto afectados entre 60.000 y 100.000 clientes de un total de 52 entidades financieras y por un importe superior a los 4.000 millones de euros.

Fuentes de la Junta aseguraron ayer que la mayoría de los afectados está llegando a acuerdos con las entidades para recuperar al menos parte de lo invertido y poder disponer de inmediato de esos ahorros.

En el caso de CaixaBank, la plataforma de consumidores Adicae alcanzó en septiembre un acuerdo para convertirse en la intermediaria entre la entidad financiera y sus clientes —menos aquellos que tengan un perfil inversor acreditado— en los problemas surgidos con las polémicas participaciones preferentes y otros productos de renta fija. De esta manera, se pretende resolver los conflictos y evitar la judicialización de los contratos suscritos.