El Estado invierte menos de lo fijado en el Estatuto y deja obras sin ejecutar

A la Generalitat no le acaban de salir los números de las inversiones que el Estado realiza en Cataluña. Tras conocer el proyecto de Presupuestos Generales de 2013, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, denunció que el Estatuto se había quedado “en papel mojado”. Se refería a la forma en que el Gobierno central obvia la disposición adicional tercera de la ley básica catalana, que debería obligarle a invertir en la comunidad el equivalente a su aportación al PIB español (18,4%) durante siete años, para reducir el déficit histórico en inversiones. En cambio, el próximo año solo está previsto que esa cantidad alcance en Cataluña el 11,9% del total.

No solo eso. El Gobierno de Artur Mas señala un doble agravio comparativo. Al incumplimiento del Estatuto se suma la circunstancia de que el grado de ejecución al final de cada ejercicio acaba siendo muy inferior al previsto inicialmente. Según los datos elaborados por CiU, a partir de la Intervención General del Estado, en 2011 el Estado solo ejecutó el 35,5% de los 2.434 millones de euros presupuestados. Ese porcentaje sería el más bajo del conjunto de las comunidades autónomas y cerca de la mitad del promedio de ejecución: el 61%.

“Es un escándalo, no existe ninguna voluntad de tirar adelante las obras previstas”, denuncia Pere Macias, diputado en Madrid y responsable del área de infraestructuras de la federación. Macias, como hizo también Recoder, señala que el desinterés en invertir en Cataluña contrasta con la velocidad con la que se ejecuta obra pública en Madrid. “Allí les interesa y van rápidos, quizá porque pasan cada día los ministros y tienen que dar la cara”, afirma. Según los datos de CiU, elaborados gracias a las liquidaciones presupuestarias y respuestas en el Senado de los diferentes ministerios, en Madrid se invirtió el año pasado incluso más de lo previsto, el 111,6% de lo presupuestado. En total 1.684,7 millones de euros, casi el doble de lo que acabó cayendo en Cataluña el mismo año (864,7 millones).

Las cifras de la federación, no obstante, no coinciden con la exhibe el Gobierno central. Una portavoz del Ministerio de Fomento, principal fuente de inversiones estatal, admite que en Cataluña se invirtió menos de lo presupuestado, el 66% del total, y en un porcentaje inferior al de Madrid, donde se habría ejecutado el 89,2% de lo previsto. Pero aseguraba que incluso así la comunidad presidida por Ignacio González percibió 775 millones de euros, casi la mitad de los 1.456 millones de euros inyectados en territorio catalán, donde las obras del AVE y del puerto de Barcelona copaban el grueso de la inversión.

Solo la cifra que maneja Fomento supera por mucho los 864 millones que consideran CiU y el Gobierno catalán. El Ministerio de Hacienda, responsable de los presupuestos estatales, no respondió a este diario sobre las cifras conjuntas de inversión efectuadas en la comunidad.

En todo caso, y como consecuencia del incumplimiento de la disposición adicional tercera, la deuda inversora en Cataluña continúa creciendo. Según las cámaras de comercio catalanas esta supera ya los 2.600 millones de euros ateniéndose a los continuados incumplimientos de la adicional tercera. Es una deuda que el Gobierno estatal, según sus últimas cuentas públicas, ya ni incluye.