La fiscalía investiga la concesión de licencias de caza ilegales

El lunes de la semana pasada la Guardia Civil registró la delegación de A Coruña del Servizo de Conservación da Natureza. Los agentes removieron los archivos buscando pruebas de la otorgación de licencias de caza de forma irregular y se llevaron con ellos documentación relacionada con una investigación abierta por la fiscalía. Según explicó ayer un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que dirige Agustín Hernández, el ministerio fiscal está actuando tras recibir una denuncia que presentó la propia Xunta. Este portavoz también informó de que fue el 11 de septiembre cuando en el Servizo de Conservación da Natureza “se detectó la existencia de posibles irregularidades en la concesión de licencias de caza por parte de un funcionario”, es decir, “la expedición de permisos sin cumplirse los requisitos” que marca la ley.

En ese momento, al trabajador de la consellería se le abrió expediente y, según se explica desde la Xunta, “se trasladaron los hechos” a la fiscalía por si fuesen “constitutivos de delito”. El segundo paso visible de la investigación abierta fue el registro en la delegación. “La Xunta quiere llegar hasta el fondo de este asunto y se pone a disposición de la Guardia Civil y de la Justicia para esclarecer los hechos y adoptar medidas”, añadió el portavoz de Medio Ambiente sin concretar las irregularidades que se produjeron.

El organismo responsable de la concesión, renovación y control de las licencias es Conservación da Natureza. Los aspirantes a obtener una de estas y, en consecuencia, a poseer un arma de fuego tienen que superar un examen y abonar una tasa a la Xunta además de suscribir un seguro. Según fuentes relacionadas con la consellería, las licencias otorgadas sin cumplir la normativa habrían obviado al menos dos de estos requisitos.

La irrupción de la fiscalía en la delegación de A Coruña se produce mientras continúa viva la polémica por el exterminio del supuesto lobo híbrido en O Barbanza. Las campañas de batidas y aguardos autorizadas este año y el oscurantismo con el que se llevó a cabo el proceso por parte de la Xunta provocaron gran contestación social y denuncias no solo de ecologistas, sino también de ganaderos y partidos políticos. El debate llegó hasta el Parlamento.

La existencia de híbridos de lobo, que fue puesta en duda por autoridades españolas en la materia, solo se podría constatar con análisis genéticos, pero la matanza de cánidos se llevó a cabo de todas formas, sustentada por un estudio que lideró el propio jefe de Conservación da Natureza en A Coruña, Carlos Muñoz. Expertos en lobos aseguraron que este informe nada tenía que ver con la comarca en cuestión. Varios de los lobos exterminados aparecieron sin cabeza. Los ecologistas sospechan que eran ibéricos y siguen el rastro de un mercado negro en el que las cabezas de macho se pagarían a 2.000 euros.