La Fiscalía insiste en que NCG debe devolver el dinero de las preferentes
El fiscal superior de Galicia ha calificado de "restrictiva" la decisión del juzgado de tumbar parte de su demanda
La Fiscalía Superior de Galicia presentará antes del 18 de octubre su recurso contra el auto del Juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña que no admite a trámite parte de su demanda colectiva contra Novagalicia Banco, en relación con la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por parte de Caixanova y Caixa Galicia.
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha calificado de "restrictivo" el planteamiento del juzgado y ha admitido que si el recurso no prospera los afectados deberán iniciar acciones judiciales de forma individual. En concreto, Varela ha explicado que la Fiscalía ya está preparando el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, después de que el Juzgado no admitiese a trámite su petición sobre la nulidad de los contratos de las participaciones preferentes y el resarcimiento de los perjudicados, más de 43.000 en Galicia.
El juzgado sí admitió la solicitud sobre la cesación de las posibles prácticas abusivas en los contratos de comercialización suscritos por las entidades demandadas, mientras que fijó para el 20 de diciembre la celebración del juicio.
Esta fecha, sin embargo, podría posponerse ante el recurso que ultima la Fiscalía Superior de Galicia, según ha reconocido Carlos Varela, que ha tildado de "excesivamente restrictiva" la interpretación del juez sobre la "legitimación" de la Fiscalía en relación a su petición de nulidad de los contratos y resarcimiento de los perjudicados. En similares términos, se ha referido en relación con la acción de cesación que, a su juicio, no puede quedar limitada "a que cese el comportamiento en el futuro". "Los efectos de esa práctica abusiva deben de cesar", ha indicado el fiscal superior en relación a los contratos suscritos por los afectados. Además, ha incidido en que la tesis de la Fiscalía es que cese "la práctica abusiva" y que esto suponga "la devolución de los ahorros" a los afectados.
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