Rajoy frena la cesión de la propiedad de los hospitales a las comunidades

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido frenar la transferencia a las comunidades de los edificios propiedad de la Seguridad Social que albergan servicios gestionados por los Gobiernos autónomos. Esta decisión, recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Gobierno central, supone que la Generalitat no pasará a ser propietaria de los edificios que albergan siete grandes hospitales —Vall d’Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova, Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa— y el que acoge la sede del Instituto Catalán de la Salud (ICS), en la calle de Balmes. La Generalitat esperaba hace un año, dando por segura la transferencia, obtener entre 350 y 400 millones de euros por la venta de los ocho inmuebles. El Gobierno catalán pensaba seguir ocupando los edificios pagando un alquiler por ello.

El Gobierno central rompe un compromiso de Zapatero

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, no ocultó ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno su enfado. “Esta apropiación manu militari es una alteración en toda regla de los acuerdos firmados”, lamentó en alusión al pacto alcanzado con el Ejecutivo de José Luis Zapatero en verano de 2011. El Gobierno socialista se comprometió a ceder la titularidad de los hospitales justo después de que CiU se abstuviera en el proyecto de ley sobre la negociación colectiva. En julio, en el seno de una comisión bilateral, se plasmó el acuerdo.

Homs protestó ayer porque las cuantiosas inversiones de mantenimiento y mejora de los hospitales financiadas por la Generalitat seguirán en manos del Estado y no pasarán a formar parte de los activos del Gobierno catalán. “Todo lo que la Generalitat ha invertido en grandes centros hospitalarios de referencia, gestionados por el ICS, pasa a ser patrimonio del Estado”, lamentó.

Esta apropiación es una alteración en toda regla de los acuerdos firmados, lamenta Homs

Fue el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, el que anunció en junio de 2011 que el Estado cedería la titularidad de los hospitales. La oposición de izquierdas cargó contra la intención de Mas de vender los hospitales y exigió al Ejecutivo que los eventuales beneficios de la venta se destinaran a la sanidad pública y no a cuadrar las cuentas y el déficit.

El caso afecta a todas las comunidades autónomas, pero fuentes del Gobierno catalán consideran que no es casualidad que la decisión se tome ahora, justamente cuando Mas ha apostado por la vía soberanista porque supone mermar sus activos y no ser el titular de todas las inversiones. Pero, en cualquier caso, la valoración de los inmuebles efectuada por la Generalitat en 2011 choca con la realidad del mercado porque la tasación se hizo al alza.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, elaboró un plan para vender unas 40 fincas por cerca de 550 millones de euros. La realidad ha sido que la Generalitat solo había conseguido desprenderse en el primer semestre de este año de tres edificios por un valor de 69 millones de euros. Se trata de la sede del Departamento de Política Territorial, en la avenida de Josep Tarradellas, vendida por 52 millones; una finca de la calle de Muntaner, en Barcelona, por 2,5, y otra de la calle del Doctor Roux, por 14,5. La operación de la sede de la consejería de Lluís Recoder fue criticada porque se había adquirido en 2009 por 60 millones y fue vendida por 52.