La Audiencia de Barcelona pide sanción para un juez por un retraso “inaudito”

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona pide en una sentencia al Tribunal Superior de Justicia que expediente al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Considera que el juez ha cometido una dilación “inaudita” al tardar casi un año en resolver un caso de “exigua complejidad y extensión como son los procedimientos de faltas”.

El retraso ha supuesto que prescriba la falta de lesiones por imprudencia y daños y que, por tanto, se revoque la sentencia condenatoria, que suponía una indemnización de 7.857 euros, en un accidente de tráfico.

Aguirre instruye en la actualidad un caso de supuesta corrupción policial que ha salpicado a policías de todos los cuerpos (guardias civiles, policías y mossos d’esquadra). En la causa, que se abrió hace tres años, también ha habido quejas por retrasos en la actuación del juez.

La sentencia, dictada por el magistrado Santiago Vidal, arremete con dureza contra la actuación de su compañero. “Dada la grave irregularidad y anormal funcionamiento del juzgado de instrucción remitente”, traslada al TSJC la resolución para que abra “diligencias informativas o expediente disciplinario al juez sentenciador y / o al secretario judicial”. El caso en cuestión es el de un percance de tráfico en el que Alejandro M. L. fue condenado como autor de una falta de lesiones por imprudencia y daños por la que debía indemnizar a Jorge R. D. como consecuencia de las lesiones, el mes de baja y las secuelas de la víctima en el accidente. En total, 7.857 euros.

En julio, el denunciado y la compañía aseguradora recurrieron la decisión judicial esgrimiendo, entre otras cosas, que se habían cumplido los plazos de prescripción de la acción penal (seis meses). La sentencia les da la razón, archiva el caso y afea al juez que, a pesar de haber dictado verbalmente la sentencia el 13 de julio de 2011, no la redactase y publicase hasta el 24 de abril de 2012, nueve meses después.

La Sección Décima admite que el plazo legal de cinco días en el que, teóricamente, están obligados los jueces a dictar sentencia tras la finalización del juicio muchas veces no es realista debido las cargas de trabajo. “A pesar de eso, nada puede explicar ni justificar que alguien tarde más de 10 meses en redactar una resolución de poca complejidad y extensión, como son las sentencias en procedimiento de faltas”, critica.

Y va más allá, puesto que las partes presentaron escritos al juez (en diciembre de 2011 y febrero de 2012) para instarle a dictar dicha sentencia. “Menos aún [se puede justificar] que no se proveyese ninguno de los escritos presentados por las partes litigantes (...) para hacerles saber los motivos —si había— que justificaban tan inaudito retraso”.

Ahora es la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia la que debe decidir si expedienta al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona como pide la Audiencia.

Aguirre también ha sido criticado por retrasos en la investigación del caso Macedonia, que inició hace más de tres años. El juez instruye una enredada trama de supuesta corrupción policial que ha salpicado a guardias civiles, policías nacionales y mossos d’esquadra, e incluso ha llevado al juez Aguirre a entrar con agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la sede central de los Mossos d’Esquadra para obtener la copia de unas conversaciones que consideran que se le ocultaron para proteger a un confidente, Manuel Carbajo, acusado de narcotráfico.

En esa causa, entre otros, se encuentra imputado el subinspector de los Mossos Josep Ranea. Su defensa, que ejerce el abogado José María Fuster-Fabra, lleva casi un año esperando unas diligencias para rebatir las acusaciones. Estaban previstas para junio, pero se suspendieron por problemas de “agenda del juzgado” y aún no tienen fecha. La defensa volvió a remitir en septiembre un escrito al juzgado para recordar la necesidad de realizar esos trámites.