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El empresariado valenciano recibe la inversión de Rajoy como una afrenta

“Que actúe como presidente y deje de ser gobernador civil", le pide Puig a Fabra para corregir los presupuestos

El presidente Fabra, a la derecha, ayer en Alicante.
El presidente Fabra, a la derecha, ayer en Alicante.PEPE OLIVARES

El dato de la inversión que el Gobierno realizará el año que viene en la Comunidad Valenciana, contenida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cayó ayer “como una bomba” en el mundo empresarial valenciano, según la descripción del jefe de la patronal autonómica, Cierval, José Vicente González. “Estábamos preocupados, pero no pensábamos que fuera a llegar a esto. Ha superado, en negativo, todas las expectativas”, afirmó González, cuyas palabras fueron respaldadas por las tres patronales provinciales valencianas.

“Ahora queda hacer fuerza para que se corrija en el trámite parlamentario”, agregó el líder empresarial, “de lo contrario será una afrenta clara para la Comunidad Valenciana”. El malestar se instaló en todos los despachos representativos del empresariado. La marea subió tanto, incluso en instancias poco dadas a la reivindicación, que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, endureció el tono que había utilizado un día antes al hablar de los presupuestos.

Fabra aseguró en Alicante que “presentará enmiendas a través del Grupo Popular” y trasladará “su protesta”. El presidente del Consell defendió que los presupuestos están “mal repartidos”: “Si hay poco dinero, que lo hay, hay que hacer un esfuerzo para repartirlo”, insistió visiblemente molesto y pese a asegurar que entiende las dificultades y que el compromiso de déficit debe cumplirse.

El jefe del Consell consideró que la Comunidad había vuelto a ser discriminada mientras “casi los de siempre” —sin citarlos— salían mejor parados. Ante el esfuerzo de solidaridad valenciano, siguió, el Gobierno “debe devolver esa confianza”.

“Las inversiones previstas en los presupuestos no se corresponden con nuestra contribución al PIB”, señaló el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, que recordó que la caída inversora se produce mientras se mantiene un modelo de financiación negativo para la comunidad autónoma.

El lobby que agrupa a un centenar de los principales empresarios del territorio, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), no se pronunció. Pero fuentes de la asociación recordaron su “dura posición” frente a “la baja inversión y la mala financiación” que experimenta la autonomía.

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Los empresarios son conscientes de las dificultades y de que la prioridad es cumplir (o acercarse lo más posible) al límite de déficit. Lo que no entienden es cómo se ha distribuido el dinero. Cada valenciano recibirá 127,9 euros de inversión frente a los 225,5 euros de media autonómica y, por ejemplo, los 620,3 euros por habitante en Castilla y León. “Alguien tendrá que explicar por qué hay un ajuste tan grande en la Comunidad Valenciana”, afirmó con gravedad un portavoz empresarial.

Los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV apuntaron a que el descenso inversor, en un territorio que registra una de las tasas de paro más altas de España y que tiene una renta per cápita inferior a la media del Estado, “profundizará en la asfixia y el empobrecimiento de la población”. “El malestar social”, añadieron, “aumentará”.

El líder socialista, Ximo Puig, emplazó a Fabra a exigir una “rectificación” de los presupuestos al Gobierno en la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy. “Que actúe, de una vez por todas, como presidente de la Generalitat y deje de ser gobernador civil de Rajoy en la Comunidad” o que dimita, agregó. Los socialistas presentaron en el Congreso una proposición para equiparar la inversión media por habitante en la autonomía con la de la media española. Y el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, consideró las cuentas “un atentado para el bienestar del pueblo valenciano”.

La única voz comprensiva con los presupuestos fue la de la delegada del Gobierno en Valencia y exvicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, que los calificó de “austeros, restrictivos y muy acordes a la situación que vive el país”.

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