La oposición vuelve a pedir que se enseñen los contratos

“Hay confusión y electoralismo; me parece magnífico que se consigan contratos si es cierto, pero no puede hacerse de manera rara”. Así se pronunció ayer el candidato socialista a la Xunta, Pachi Vázquez, al desvelarse el cruce de declaraciones de Pemex y Xunta. Luego su partido reclamó conocer los contratos de los floteles y registró en el Congreso una petición de comparecencia del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), empresa a la que pertenece Navantia, para que explique el contenido del acuerdo.

Similar movimiento dio el candidato del BNG, Francisco Jorquera, quien demandó a la Xunta que publique “de inmediato” en su página web “el presunto contrato”, que lo remita al Parlamento de Galicia y que el Gobierno gallego comparezca ante la Diputación Permanente de la Cámara para dar explicaciones. “Si no lo hace”, advirtió Jorquera a Feijóo, “estará reconociendo que algo tiene que ocultar”.

Sin embargo las peticiones de socialistas y nacionalistas fueron rechazadas por el conselleiro de Economía, Javier Guerra, para quien “es de sentido común” que los contratos contienen “cláusulas de confidencialidad” pues “tienen determinadas condiciones”. Guerra matizó que los contratos “no los ha firmado la Xunta” sino los astilleros y que el Gobierno gallego lo que hace es prestarles su apoyo. Lo mismo destacaron los alcaldes populares de A Coruña y Ferrol, Carlos Negreira y José Manuel Rey Varela, para los que el proceso sigue su curso sin variaciones y son los partidos de la oposición los interesados en que fracase.

Pero que la construcción de los barcos de Pemex en Galicia tiene un claro componente electoralista lo volvió a dejar ayer claro la Junta Electoral Central. Ratificó que el acto de firma del contrato de los dos floteles el pasado 19 de julio en la sede de la Xunta y con un discurso de Feijóo fue propagandístico. Respaldó así la decisión de la Xunta Electoral Galega, que ya había censurado el comportamiento del Ejecutivo autonómico, obligándolo a retirar de su web cualquier referencia al acto.

La Junta Electoral Central también censuró ayer una campaña propagandística de la Xunta dirigida a las personas mayores y denunciada también por el BNG. En ambos casos, la Junta Central respaldó las resoluciones previas de la Xunta Electoral Galega críticas con el proceder del Gobierno gallego.