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¿Defendernos de quién?

El PP ignora el debate territorial y la corrupción pero alienta el anticatalanismo

Alfonso Rus y Rafael Blasco en un receso del debate.
Alfonso Rus y Rafael Blasco en un receso del debate.

El PP tocó este miércoles a rebato en las Cortes Valencianas e hizo un llamamiento general a toda la sociedad valenciana. Un repique de campanas que solo se utiliza en situaciones excepcionales. Es probable que un espectador, lo suficientemente distanciado de los parámetros en los que se mueve la política valenciana, creyese que el toque a rebato era para acabar con la deficiente financiación autonómica que arrastra la Comunidad Valenciana. También podría pensar, que el Parlamento exige un esfuerzo a los ciudadanos para eludir el rescate financiero o reducir el impacto de sus consecuencias. Pues no. El PP aprobó en solitario una resolución en la que las Cortes “hacen un llamamiento a los Gobiernos, instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones y asociaciones de todo tipo, centros de educación pública o privada, personas físicas y jurídicas a respetar la denominación oficial de la Comunidad Valenciana”.

La propuesta del PP también reclama que los partidos políticos representados en las Cortes “insten a todas sus organizaciones a no utilizar ninguna denominación distinta a la oficial o símbolo que no se corresponda con lo que establece el Estatut”.

Todo ello tras reiterar su compromiso de “defensa de los símbolos y señas de identidad del pueblo valenciano recogidas en el Estatut”.

La resolución es, por lo menos sorprendente, porque apenas un día antes el jefe del Consell, Alberto Fabra, había defendido la necesidad de que la Administración se retire de espacios ocupados que corresponden al ciudadano. Y apenas 24 horas después, el PP estaba intentando imponer el nombre “oficial” del territorio a personas físicas y jurídicas, como si cada uno no pudiese llamarse como considere, como si las consideraciones históricas, ideológicas o sentimentales pudiesen homogeneizarse con un cuño oficial.

Sorprendentemente, el auto de fe de valencianía no impidió al PP rechazar una resolución del PSPV-PSOE, defendida por Rafael Rubio, en la que solicitaba mantener la celebración de la festividad de la Comunidad Valenciana el 9 d’Octubre, independientemente del día de la semana que caiga.

Una efeméride que conmemora la conquista de Valencia por Jaume I y la fundación del histórico Reino de Valencia que el Consell pretende cambiar al lunes más cercano con argumentos de eficiencia económica.

Y es que en el debate de este mièrcoles, el PP —como demostró el irritado portavoz en funciones Rafael Maluenda gritándole “pancatalanista” al socialista Francesc Signes— se desencajó cuando la oposición le recriminó el uso de un folclore demodé para desviar la atención de los problemas.

Tampoco tuvo el PP empacho en rechazar la petición socialista de una moratoria temporal del IVA a los artistas falleros y foguerers. Y el mismo camino corrieron varias propuestas de Compromís y Esquerra Unida para potenciar el valenciano y los sectores culturales que crean en esta lengua. Iniciativas que acabaron en el cesto de los papeles, igual que las medidas propuestas por la oposición para reforzar la lucha contra la corrupción, un fenómeno que afecta a buena parte del grupo parlamentario, incluido su portavoz, Rafael Blasco.

¿Salir en defensa de los símbolos y señas de identidad? ¿De quién?