Chaves defiende la legalidad de todas las decisiones del Gobierno sobre los ERE

El expresidente de la Junta Manuel Chaves personificó ayer la defensa cerrada del fondo para empresas en crisis. Pero el jugo estuvo en los matices. Y como dos horas dan para mucho, las opiniones del líder del Gobierno andaluz durante 19 años (1990-2009) ante la comisión de investigación de los ERE sentaron un precedente plagado de disculpas por la corrupción detectada, objeciones al procedimiento diseñado por su propio Ejecutivo y desvío de responsabilidades hacia sus subordinados. Entre ellos los consejeros de Empleo, y al mismo tiempo que defendía su honestidad, les hacía responsables políticos del sistema de ayudas instaurado y se situaba ajeno al diseño del sistema.

“El convenio era sucinto, sí, escueto, sí, y con amplio margen de discrecionalidad, también, lo reconozco (…) Pero era legal”, defendió Chaves sobre el convenio marco que amparó las ayudas por valor de 647 millones entre 2001 y 2010 y que la juez Mercedes Alaya y la Guardia Civil consideran ilegal.

La intervención de Chaves, casi siempre con tono solemne salvo puntuales enfrentamientos con los diputados del PP e IU, circunscribió el escándalo a la teoría de “los cuatro golfos” que se aprovecharon del generoso sistema de ayudas. “Me repugna la corrupción. Siento el mismo dolor que el resto de andaluces y pido disculpas”, dijo.

En su defensa del procedimiento se situó al margen del “día a día” de los consejeros y las “miles” de iniciativas y convenios de los que dijo no podía estar al tanto. Pero de soslayo repartió las culpas de la escasa vigilancia que devino en el fraude. “Un bombero puede avisar y no avisa”, reprochó al ex interventor general Manuel Gómez, cuya intervención en la comisión ha sido clave gracias a su metáfora del incendio que sufría la Consejería de Empleo y cuyos responsables ignoraron las llamas. “El fuego era legal”, respondió con ironía la diputada de IU Alba Doblas ante el enroque de Chaves.

A continuación, este dio la de arena y se apoyó en la defensa del procedimiento que hizo Gómez hace un mes: la aprobación de la partida presupuestaria en el Parlamento cada año, y cómo la Cámara de Cuentas no detectó el fraude durante la década en la que estuve vigente. “La Cámara nunca auditó directamente la agencia Idea [pagadora del ayudas] y usted lo sabe”, le reprochó el diputado popular Carlos Rojas.

La corrupción debe ser combatida por todos los partidos Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía

Chaves condensó el viraje del Ejecutivo andaluz dado en el último año respecto al caso. Después de los titubeos iniciales mientras la investigación descubría más y más irregularidades, este verano la Junta plantó cara a la juez Alaya y ayer el expresidente volvió a mencionar “la causa general” a la que el Gobierno cree estar sometido. Y su oposición a la instrucción judicial fue frontal: “No tengo ninguna objeción sobre el exconsejero Fernández. Sigo confiando plenamente en él y es presuntamente inocente”. Con la defensa del exconsejero, encarcelado por la juez y acusado de seis delitos entre ellos cohecho y malversación, Chaves se mojó de lleno. Sus frases entraban en colisión con los propios servicios jurídicos de la Junta, que fijaron fianza para Fernández antes de su ingreso en prisión, por lo que como acusación en el caso veían motivos para su culpabilidad.

El expresidente aseguró que se había enterado de muchos detalles del caso “por la prensa”. Tras un año y medio de instrucción, Chaves intentó desligar que el sistema tuviera escasos controles de su utilización fraudulenta, pero ayer debió oír los reproches de los diputados sobre el procedimiento y sus consecuencias. Los del PSOE asistieron de oyentes y no formularon ninguna pregunta. Ante las acusaciones del popular Carlos Rojas, Chaves le espetó: “Para que le quede a usted claro señor Rojas: siempre he cumplido con la ley. Nunca he amparado ningún acto ilegal. Me habla de informes de la Intervención que no he conocido porque no tenía por qué conocer ningún informe porque no llegó al Consejo de Gobierno”."Por qué algunas ayudas no fueron publicadas en el BOJA tal y como estipulaba la ley, los severos informes de la Intervención General cuyas recomendaciones Empleo evitó acatar durante años, y cómo se concedieron subvenciones excepcionales antes de que Empleo ideara el convenio que eludía la fiscalización directa de los expedientes. "¿Solo podían acogerse a las ayudas los que eran amigos de Fernández y Guerrero [el exdirector de Trabajo Javier Guerrero]?", le inquirió Rojas.

El ejemplo más gráfico lo puso Doblas: "El consejero no puede quedarse a 21 céntimos de discutir una ayuda en el Consejo de Gobierno", dijo sobre la ayuda de 1,2 millones a la empresa Corchos de Cazalla del exalcalde socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla que por 21 céntimos eludió ser aprobada por el Consejo de Gobierno. "Si eso no es hacer trampas con los números, que venga Dios y lo vea", censuró. Mientras, los diputados socialistas evitaron preguntar al máximo responsable político de la Junta. "Para eso ya están las preguntas del resto", alegó la portavoz Antonia Moro para justificar su silencio.

Cuando fue interrogado sobre cómo se ideó el procedimiento y de por qué se ignoraron las advertencias de la Intervención, habló de las "decisiones de los consejeros", Fernández pero también su predecesor, el actual diputado José Antonio Viera: "En ningún momento el Consejo de Gobierno conoció, informó, avaló o aprobó ninguna medida irregular (…) El procedimiento no tenía por qué favorecer actos corruptos (…) Calificar la partida de fondo de reptiles me parece desmesurado, algo que solo puede derivar de una mente perversa". Ante las evasivas de Chaves sobre la gestión y letra pequeña del sistema de ayudas, Doblas le reprochó: "Usted reinaba pero no gobernaba".