Directores y padres vetan la vuelta del táper a los colegios e institutos

El táper escolar, ese viejo recurso ocasional que hace 40 años servía para llevar alimentos cocinados, regresa en octubre al sistema educativo debido a la supresión de las ayudas de comedor para los alumnos que se desplazan en autobús escolar. Los equipos directivos de los colegios e institutos valencianos vetan el uso de la fiambrera. Un recurso que consideran “improvisado” y de “dudosa legalidad”, al que la Consejería de Educación ha tratado de dar una pátina de cobertura legal y sanitaria a través de unas “instrucciones” enviadas a los centros públicos el viernes. “Los directores de Secundaria, igual que ya hicieron los de Primaria, recomendaremos que no se use si se plantea en el consejo escolar”, adelantaron ayer fuentes de la asociación permanente de directores de Secundaria, que hoy celebra su reunión ordinaria.

En la misma dirección, los padres se oponen a la vuelta de las fiambreras “sin que haya el más mínimo control sanitario” sobre los alimentos que entrarán en los centros entre las ocho y nueve de la mañana y empezarán a consumirse hasta cinco horas después.

Para paliar esta “disfunción”, denunciada por la confederación de padres de la escuela pública Gonzalo Anaya y sus respectivas federaciones provinciales, la Administración educativa acaba de enviar unas “instrucciones”, en las que delega en los equipos directivos y padres la organización del táper. En octubre en los comedores podrán convivir dos tipos de comensales: los niños alimentados por empresas con todos los permisos de Industria, Sanidad y Educación en regla; y, junto a ellos, un puñado de niños (sin beca de comedor) que comerán del táper preparado en casa.

Los equipos directivos de

Los colegios que opten por autorizar en sus consejos escolares la fórmula de la fiambrera, estarán obligados a comprar neveras, microondas y encargarse de la conservación de los alimentos.

Esta orden ha provocado un profundo “malestar” entre los equipos docentes y directivos, ya que Educación aún debe, tanto a las empresas que suministran el cáterin como a los centros, parte de las ayudas del comedor del curso pasado, y pretende además endosar a los centros la compra de la infraestructura mínima para la conservación de los alimentos.

La consejería solo financiará 1,45 euros por niño con fiambrera para que el centro se haga cargo de contratar monitores que los cuiden, según anunció el Gobierno valenciano el viernes.

La decisión de mantener esta ayuda mínima a casi 9.000 niños (que se han quedado sin beca de automática de comedor al perder la de transporte) es un intento por rebajar la tensión generada entre las familias que han perdido las ayudas y que cada día realizan protestas en los centros y localidades afectadas por los “recortes de becas y rutas”.

La Confederación Gonzalo Anaya: “Consejería se lava las manos y responsabiliza a los padres”

Tomás Sempere, el presidente de la confederación Gonzalo Anaya, denuncia que, con estas instrucciones, “la Consejería de Educación se lava las manos al responsabilizar a los padres de llevar el táper a los colegios”.

Sempere, que habló en nombre de las tres federaciones provinciales de padres, advierte de que las instrucciones “contienen vacíos importantes sobre la viabilidad económica del servicio, la atención de los alumnos y la seguridad alimentaria y nutricional de los escolares”. Esta advertencia se suma a otra: la batería de enmiendas a la orden de Educación que regula el servicio de comedor hechas en febrero por la Abogacía de la Generalitat en un documento de 17 páginas.

“No son los consejos escolares sino la consejería quien tiene la responsabilidad de garantizar que es el alumnado de un centro que hace uso del servicio de comedor, independientemente de la situación económica de sus familias, que debe gozar de los recursos humanos y de la infraestructura necesaria para ofrecer un servicio con las condiciones básicas higiénicas y sanitarias emanadas de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad”, concluye FAPA-Valencia.