Prisión para el expresidente de la Confederación Miño-Sil

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha decretado el ingreso en prisión de Francisco Félix Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal socialista de Seguridad Ciudadana y Urbanismo en el gobierno municipal del alcalde lucense, José López  Orozco. Fernández Liñares fue el último de los detenidos en el marco de la Operación Pokémon contra una supuesta trama de sobornos a políticos que fue puesto a disposición judicial. A lo largo del día de hoy prestó declaración y contestó a las preguntas de la juez durante 10 horas.La juez le imputa los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

El político está considerado uno de los principales imputados en este caso, y es el segundo que no puede eludir la cárcel con el pago de una fianza, después de que ingresase en la cárcel de Bonxe el administrador único del grupo empresarial Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez, por realizar presuntos pagos en dinero y en forma de regalos a cambio de concesiones públicas.

La juez Pilar de Lara investiga al expresidente de la Confederación Miño-Sil desde que hace tres años estalló la Operación Carioca contra una mafia de proxenetas y agentes del orden en Lugo. Entonces, en las declaraciones, surgió el nombre del político, siempre relacionado con el de un funcionario municipal, Javier Reguera, también imputado en la trama Pokémon.

El delito de cohecho es el eje de la Operación Pokémon que se saldó en la madrugada del pasado jueves con 13 detenidos. La investigación de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha destapado una trama presuntamente vertebrada por el grupo Vendex y que se fue consolidando con el pago de comisiones a cambio de los servicios prestados. Pinchazos telefónicos de varios detenidos vinculados a Vendex y el seguimiento de los implicados cuando asistían a citas y reuniones donde supuestamente se cerraban contratos con Administraciones locales han permitido detectar sucesivos envíos de dinero, algunos presuntamente por mensajería, por parte del grupo. Pagos y comisiones cuyos destinatarios han centrado las pesquisas judiciales por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de dinero. Los informes que obran en el sumario confirman las sospechas de que los supuestos cohechos se habían convertido en una práctica habitual en la forma de operar de la compañía adjudicataria, al menos en los últimos dos años, cuando arranca la investigación de la Agencia Tributaria.