Álvarez dice que el interventor no le alertó contra el fondo de los ERE

Economía recibió un informe sobre los pagos del IFA dirigido a la exconsejera

Magdalena Álvarez momentos antes de su comparecencia.
Magdalena Álvarez momentos antes de su comparecencia.PÉREZ CABO

“La publicidad es total. Lo que quiero decir es que no es oculto”. La exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 y exministra Magdalena Álvarez (PSOE) defendió ayer la publicidad del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 647 millones entre 2001 y 2010, por lo que nunca observó irregularidades ni sospechas de fraude. Álvarez compareció ante la comisión de investigación sobre los ERE y subrayó que la Intervención General no le hizo "ninguna advertencia" sobre los ERE.

La Intervención General envió una auditoría de cumplimiento al exviceconsejero José Salgueiro (que ayer acompañó a Álvarez en su declaración) “para su conocimiento y traslado a la consejera de Economía" un mes antes de que esta abandonara el Ejecutivo andaluz en febrero de 2004. Sin embargo, la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) negó ayer la mayor y aseguró que dicha alerta nunca llegó a su despacho. “Yo no recibí ninguna advertencia. En mi consejería, lo desconozco”, matizó ante los diputados.

En el informe, el exinterventor general Manuel Gómez alertaba de que las subvenciones “han carecido de la tramitación que la normativa impone, produciéndose un incumplimiento”, si bien admitía que el documento lo formaban “indicios”, al estar pendiente de las alegaciones de las partes implicadas (básicamente la Consejería de Empleo).

Los informes de la Intervención que censuraron el fondo se conocieron a partir de 2005, cuando Álvarez ya había abandonado la consejería para convertirse poco después en ministra de Fomento. “Nunca miré para otro lado en el ámbito de mis competencias”, afirmó ayer la exconsejera. La diputada Alba Doblas (IU) le recriminó que no tratara con el exconsejero de Empleo y diputado José Antonio Viera las ampliaciones presupuestarias que necesitó el fondo y que ella autorizó hasta 2004: “No me puedo creer que los consejeros no hablaran sobre el fondo”, discrepó ante la negativa de Álvarez .

La juez del caso Mercedes Alaya considera que el convenio marco que generó el millonario fondo fue ilegal y por consiguiente las ampliaciones presupuestarias fueron irregulares. Ayer Álvarez defendió la publicidad del fondo, ya que este fue aprobado cada año por el Parlamento, una tesis en línea con el argumento que sostiene la Junta para defender el sistema de ayudas.

La diputada del PP Teresa Ruiz le achacó que conociera “los importantes desfases presupuestarios” del fondo, pero Álvarez opinó que no había nada ilegal en los desfases, que a posteriori se corrigieron en todos los casos junto a las consejerías pertinentes. “Las modificaciones presupuestarias no son sospechosas. Son legales y están establecidas”. La exconsejera añadió que nunca despachó con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y que tampoco discutió los detalles de la partida 31L con el expresidente del Ejecutivo Manuel Chaves.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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