La fiscalía rechaza denunciar a las prostitutas por desobediencia

La regulación del ejercicio de la prostitución en la calle sigue generando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Málaga. La fiscalía ha decidido no ejercer la acusación pública en los casos en los que agentes de la Policía Local denuncien a las prostitutas por desobediencia por incumplir reiteradamente la ordenanza municipal de convivencia, que prohíbe ofrecer y demandar servicios sexuales a menos de 200 metros de zonas residenciales, escolares o de actividad económica, como los polígonos industriales. Esta decisión del ministerio público, adoptada el pasado jueves, cierra al consistorio la vía penal para hacer cumplir la normativa municipal.

La postura de la junta de fiscales de Málaga respalda los argumentos planteados por la fiscal delegada contra la violencia de género, Flor de Torres, que considera que las denuncias por desobediencia buscaban criminalizar la prostitución, una conducta que no está contemplada en el Código Penal. Además, el ministerio público considera que una acusación de desobediencia puede suponer un castigo añadido a mujeres que pueden ser víctimas de explotación sexual o de malos tratos.

Los fiscales han optado por cerrar la vía penal después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Málaga absolviera a una prostituta en segunda instancia tras ser condenada por desobediencia por un juzgado de lo Penal. La sentencia del tribunal de apelación estimaba que el hecho de incumplir reiteradamente una ordenanza municipal —sin que constaran insultos o desconsideraciones a los agentes— no es desobediencia y recordaba que el derecho penal “ha de quedar reservado para sancionar aquellas conductas más graves”.

El juez decano de Málaga, José María Páez, aclara que el hecho de que la fiscalía no acuse no implica que la Policía Local no pueda denunciar si entiende que sigue habiendo desobediencia. “La policía puede denunciarlo, lo que pasa es que nosotros los jueces daremos entrada en el procedimiento a la fiscalía, que es la encargada de ejercitar la acción penal en los tribunales. La decisión tiene una gran trascendencia práctica, pero la acción penal no está en manos de los jueces”, recuerda el máximo responsable de los jueces malagueños.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, del PP, asegura que tras las denuncias por desobediencia —alrededor de una docena— no hay ánimo de perseguir el ejercicio del comercio sexual. “Hay una confusión, las causas iniciadas por desobediencia a agentes de la autoridad no tienen nada que ver con la ordenanza de convivencia”. El edil afirma que ha acordado con la fiscalía que en los casos de desobediencia, se verificará si las mujeres denunciadas son víctimas de coacción por parte de redes de trata de blancas o de malos tratos. “Trataremos de actuar contra quienes coaccionan, si la prostitución se ejerce de forma voluntaria no hay margen para la actuación penal”, reconoce Andrade.

Además, Andrade anuncia una próxima reforma de esta normativa municipal en la que se diferenciará entre las prostitutas y los clientes que reclaman servicios sexuales en la calle. “Estudiamos reducir de graves a leves las sanciones a las personas que ofrecen sexo, de modo que puedan sustituir unas multas que son casi imposibles de cobrar con prestaciones sociales en beneficio de la comunidad”, afirma el edil. El Ayuntamiento pretende que estos trabajos sociales vayan acompañados de un servicio de “orientación psicológica, social y laboral”.