Ballester llama a sus clientes a defender las torres anuladas en Benidorm
El promotor de los edificios de Punta Llisera se declara estrangulado económicamente
La empresa Torres de l’Horta, del grupo Ballester Inmobiliaria de Benidorm, ha remitido una carta a los compradores de apartamentos en las torres Gemelos 28, ubicadas en primera línea del Racó de Loix de Benidorm, en la que afirma que la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en 1988 “supone el definitivo estrangulamiento económico" de la empresa.
Sin embargo, la mercantil también defiende que no va “después de 24 años de esfuerzos en este asunto a arrojar la toalla mientras quede la menor posibilidad por intentar que se impongan la lógica, la razón y el Derecho”.
Ballester decidió en 2008 concluir los dos edificios de 25 plantas, cuatro de ellas de garajes, y comenzar a vender las 168 viviendas a pesar de que la abogacía del Estado recurrió en el Supremo una sentencia del TSJ valenciano que daba la razón a Terres de l’Horta sobre la construcción en Punta Llisera. De hecho, vendió casi la mitad de los pisos a precios que, según refleja su página web, oscilan entre 290.000 y 575.000 euros. Sin embargo, la sentencia del alto tribunal del pasado mes de julio dejó sin cobertura legal la edificación, una decisión que la empresa opina que es “incomprensible y no ajustada a Derecho”.
Por eso, Ballester comunica en la misma misiva a los compradores que pone a su disposición a sus servicios jurídicos "para prestarles toda la colaboración que deseen, pudiendo valorar inclusive la constitución de algún tipo de agrupación de afectados" para presionar a favor de una solución.
Representantes de la promotora se han reunido ya con miembros del Consell y del Gobierno para encontrar una vía de salida al conflicto generado a terceros compradores de buena fe. En la carta se indica a los clientes que “de seguirse un proceso expropiatorio por la Administración pública, todos los particulares deben ser indemnizados por los daños causados y los perjuicios causados por una construcción" que Ballester considera se ejecutó dentro "de la más escrupulosa legalidad”.
La empresa ha declinado pronunciarse públicamente desde que tuvo conocimiento de la sentencia. Sin embargo, tras reunirse con la primera teniente de alcalde de Benidorm, Gema Amor, fue la edil liberal quien se erigió en defensora de los intereses de Andrés Ballester. “No hay alcalde que se atreva en Benidorm a firmar la orden de demolición de esos edificios”, llegó a decir.
