El juzgado investiga si Ortiz cobró dos veces por la misma obra

La Fiscalía de Alicante estrecha cada vez más el cerco sobre Enrique Ortiz. Ahora es el juzgado número 1 de Benidorm el que investiga el pago de 1,2 millones de fondos del plan E para la urbanización de dos rotondas en la entrada a la ciudad cuya ejecución estaba a cargo de un plan parcial industrial.

 Dado que Ortiz era el urbanizador del polígono, el fiscal entiende que el contratista podría haber cobrado dos veces por la misma obra, por un lado las cuotas de urbanización a los propietarios de suelo en el polígono y, por otro, de la adjudicación que decidió el Gobierno local del PP en 2009, antes de la moción de censura que vivió la ciudad, cuando el equipo del exalcalde, Manuel Pérez Fenoll, decidió entregar a Ortiz ambas rotondas por 1,2 millones para realizar las mismas obras que, supuestamente, debió haber acometido tras la aprobación del proyecto de urbanización del plan parcial.

El auto de incoación de diligencias previas por parte del juzgado llega tras la denuncia del anterior concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, quien en abril de 2011 puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Tras la investigación del Ministerio Público ha sido citado a declarar un ingeniero municipal el 12 de diciembre por supuestos indicios de delito contra la Administración pública.

 A sabiendas

La principal vía de entrada a la ciudad sigue sin estar concluida, a pesar de que su urbanización fue licitada en febrero de 2001 por 5,4 millones. En ese proyecto, adjudicado a la mercantil Terra Village Land, de Ortiz y Ballester, la primera isleta “con fuente y géiser central” tenía un presupuesto de 192.000 euros y la segunda, una explanada con lámina de agua, debía costar 120.000 euros. Llinares concluyó en su denuncia que “Pérez Fenoll y determinados concejales del equipo de gobierno realizaron esta nueva adjudicación a la mercantil a sabiendas de que las mismas debían ejecutarse como cargas de urbanización del polígono industrial”.

Ortiz, que ya está imputado en los casos Brugal y Gürtel, hizo saber al Consistorio la semana pasada que estaba dispuesto a pagar el canon de explotación de la estación de autobuses, inaugurada en 2007. El empresario nunca ha ingresado el importe anual de esta adjudicación, lo que también llevó a Llinares en 2011 a denunciar públicamente los hechos y a la fiscalía a intervenir de oficio para investigar los hechos.