Blasco defiende ante el juez la legalidad de un contrato con la trama Gürtel

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, defendió ayer ante el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la rama del caso Gürtel referida a la financiación irregular del PP, su gestión al frente de la Consejería de Territorio y Vivienda en la contratación con empresas de la trama orquestada por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, los principales imputados en la causa. Blasco fue llamado a declarar después de que la exsubsecretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente Cristina Serrano asegurara en julio al juez que fue el propio Blasco el que la llamó y le comunicó la decisión de instalar un expositor en la feria Fitur. Ayer el síndic popular avaló en el TSJ la decisión: “No es que lo haya defendido, es que era absolutamente legal”.

Tras permanecer durante casi tres cuartos de hora en el Palacio de la Justicia, Blasco aseguró a los medios que contestó a todas las preguntas formuladas tanto por el magistrado como el fiscal y la acusación particular, representada por el PSPV-PSOE. “Creo que con toda normalidad hemos contestado a lo que han preguntado y espero que haya servido para esclarecer algunas de las cuestiones porque yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que me ha traído hoy aquí; y creo que así habrá quedado perfectamente constatado”, manifestó Blasco, que declaró como testigo en una de las tres piezas separadas de la causa, la que investiga los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en los contratos de Fitur.

En su comparecencia, Serrano atribuyó a la Consejería de Turismo la responsabilidad de contratar con Orange Market, la firma de El Bigotes, el expositor propio de Territorio.

Blasco está a punto de ser imputado en otra causa de corrupción, la del fraude de las ayudas a la Cooperación, después de que el TSJ decidiera asumir la causa por su condición de aforado. Y quizá por ello, el síndic popular aprovechó la presencia de los medios para abordar su situación, que calificó de “linchamiento político y mediático”, obviando que su implicación en el caso viene determinada por otra institución, de orden judicial.

Así, Blasco fue preguntado sobre si esperaba que le convocaran en breve para declarar como imputado en ese caso, en el que se investiga el fraude de más de seis millones de euros de las ayudas a países en vías de desarrollo otorgadas entre 2008 y 2011 por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando era titular de ese organismo. El exconsejero aseguró: “No espero nada, porque lo que estoy esperando es que algún día se haga justicia con lo que ha sido un linchamiento durante 24 meses, en los que he estado soportando absolutas infamias sobre este particular sin tener la posibilidad de defenderme y esperando que en su momento la justicia pueda sustanciar este asunto y resolverlo ya definitivamente”.

Después de un año y medio de instrucción en el juzgado número 21 de Instrucción de Valencia, a cargo de Nieves Molina, el TSJ ha asumido la causa dado los indicios de implicación de Blasco en la trama y puesto que el síndic del PP está aforado. Sin embargo, Blasco ha defendido su inocencia: “Es muy duro estar 24 meses en los que no se ha tenido respeto por la presunción de inocencia, en los que he sido objeto de un juicio paralelo absolutamente incompatible con un principio democrático”. Y auguró que saldrá sin problemas de esta peripecia judicial: “Creo que pronto esto se va a resolver y pasará exactamente lo mismo que hoy aquí, es decir, venir aquí y comprobar que no hay nada de nada de nada”.

Una posición que no comparte la mayoría del PP que espera que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncie hoy en la jornada parlamentaria que celebra el Grupo Popular en las Cortes el inminente relevo de Blasco como portavoz parlamentario. Aunque la sesión arrancará con Rafael Maluenda como portavoz en funciones.

El PP teme que la imputación formal de Blasco en el caso coincida con el debate de politica general que tendrá lugar la semana que viene. Una situación que, de producirse, arruinaría los esfuerzos de Fabra por tener la iniciativa. La demora en el relevo de Blasco ha propiciado, además, la aparición de nuevos aspirantes a ocupar el puesto en lo que resta de legislatura.

Por otra parte, en la comparecencia ante el juez de ayer del síndic popular no se abordó, según el consejero, uno de los primeros contratos de Orange Market con el Consell, el que consiguió El Bigotes con la consejería de Blasco a través de la empresa pública Vaersa para hacer unos vídeos promocionales sobre el contenedor amarillo de reciclaje por un montante de 138.000 euros. Al concurso se presentaron tres empresas de la trama Gürtel, ganó Orange Market, cobró la mitad del dinero por hacer una maqueta y un guión y los vídeos nunca se entregaron. Vaersa tampoco reclamó. Sin embargo, Blasco explicó que ni siquiera le preguntaron por Vaersa. “Me han preguntado por la participación de la Consejería de Territorio y Vivienda en la feria de Fitur de 2005, nada más por eso”.