Botella prepara una norma para regular la prostitución y la mendicidad en la calle

El Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular, pretende aprobar en el primer semestre del año que viene una ordenanza “de convivencia ciudadana” que vigilará, entre otras actividades, la degradación visual del entorno urbano; el uso inadecuado del espacio público para juegos o apuestas, así como para la mendicidad y la oferta y demanda de servicios sexuales; los atentados contra la dignidad de las personas; el consumo de bebidas alcohólicas (y la micción) en la vía pública; la venta ambulante, en particular de comidas y bebidas; y otras conductas vandálicas o inapropiadas (ruido, música, etcétera). La norma también regulará la organización y autorización de actos públicos, y establecerá las sanciones correspondientes.

El Gobierno local da este paso, en “respuesta a la demanda ciudadana”, para “facilitar la intervención de los distintos servicios municipales en el espacio público”, aunque “las medidas sociales y educativas primarán sobre la coerción”. La nueva norma derogará la ordenanza de Policía Urbana y Buen Gobierno de la Villa de Madrid, del 17 de julio de 1948, que, según el Ayuntamiento, está aún vigente. Siendo eso así, también es cierto que ha sido modificada o derogada parcialmente en más de una veintena de ocasiones entre 1961 y 1990.

Esa norma establece, por ejemplo, que “todos los habitantes de la Villa han de observar la compostura y corrección de palabra y modales que exige el elevado concepto de ciudadanía, del que debe ser modelo la capital de España, absteniéndose de proferir ofensas a la Patria, al Régimen, a la religión, a la moral y a la cultura”. Prohíbe secar ropa en los balcones, sacudir alfombras por la ventana si no entre las siete y las nueve de la mañana, partir leña o criar gallinas. También prohíbe “las riñas en general, y poner objetos que obstaculicen el paso normal de los tranvías por los carriles”.

El objetivo fundamental de la nueva norma, además de acabar con estas disposiciones obsoletas, es “fortalecer la seguridad”, dando “una herramienta actualizada a la autoridad”, y la imagen de la ciudad ante visitantes y turistas”, sobre todo de cara a las aspiraciones olímpicas de la capital, y “mejorar la cohesión social”. Para ello, y sin explicar cómo, se apuesta por “nuevas formas de participación ciudadana” y por el voluntariado.

En su declaración de intenciones, comunicada hoy a los medios de comunicación, el Ayuntamiento pone el énfasis sobre todo en un aspecto: la prostitución en la calle. Con una redacción ambigua, da a entender que limitará o directamente prohibirá esta práctica, aunque yendo más allá de ese tema concreto, porque el “vacío en la regulación del uso ciudadano de la vía pública” que resulta “más perjudicial” para los ciudadanos.

La oposición, a instancias de Unión Progreso y Democracia, tenía previsto pedir al Gobierno local una ordenanza para regular la prostitución callejera, que debería estar lista en el plazo de seis meses y, en su opinión, habría de imponer multas a los clientes pero no a las mujeres.

Barcelona (y otras ciudades, como Badajoz, Alicante o Granada) sanciona a las prostitutas, con multas de hasta 300 euros por ofrecer servicios sexuales en la calle (y hasta 750 si es cerca de un colegio). Y también a los clientes (como Albacete y Sevilla), con entre 1.000 y 3.000 euros. La Generalitat de Cataluña (CiU) multiplica por diez esas sanciones para la prostitución en carreteras. Y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, avanzó en junio que pretende luchar en el mismo sentido con “medidas de tipo administrativo y penal”.

Botella dijo entonces que se opone a sancionar a las prostitutas. “Soy partidaria del modelo sueco, de ayudar a la mujer y multar al cliente”. En agosto, la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), admitió sus diferencias con la alcaldesa y abogó por “regular” la prostitución “precisamente para evitar la explotación de algunas mujeres que la ejercen”.