Industria ordenó a sus funcionarios ocultar informes contrarios a eólicas

Es una instrucción por escrito que remitió a los técnicos de su departamento el director general de Industria, Angel Bernardo Tahoces, el pasado marzo, con el cuño de la Consellería de Industria y que acompaña su propia firma. En ella el alto cargo de Javier Guerra pide a los funcionarios que retrasen informes relativos a los proyectos de ejecución de los parques eólicos surgidos del último concurso eólico hasta “una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general”.

La instrucción que el alto cargo de Industria firmó el pasado 14 de marzo daba respuesta a un informe negativo del jefe de servicio de Energía de la misma consellería en el que alertaba de que la empresa Norvento, la segunda mayor adjudicataria del concurso eólico con 303 megavatios, proponía a la hora de construir tres instalaciones unas líneas de evacuación de la energía distintas a las que figuraban en los planos que presentó al concurso. Tras constatar que la solución técnica de la eólica “no coincide con la presentada” para competir con otras firmas por los megavatios, el dictamen de los técnicos de la Xunta advirtió: “La solución adoptada podría modificar sustancialmente la puntuación obtenida en dos de los apartados del Anexo III a la orden del 29 de marzo [que regulaba la mayor adjudicación de la historia de la autonomía] así como el proyecto de los parques eólicos”.

La respuesta por parte del director general a ese reproche de los funcionarios fue exigir a los jefes territoriales de su departamento que pospusiesen dichos dictámenes de forma que no figurasen en los expedientes que los afectados pueden consultar durante el período de exposición pública, limitando así las alegaciones que los vecinos afectados, las empresas de las competencia o los Ayuntamientos donde van a instalarse los molinos pudieran realizar apoyándose en esos informes técnicos.

Tahoces justifica su instrucción para “imprimir la máxima celeridad a la fase de instrucción del procedimiento de autorización administrativa correspondiente a los expedientes de los parques eólicos del concurso actualmente en tramitación”. Y ordena a los técnicos que “se tenga en cuenta que el informe relativo a la normativa de las instalaciones industriales y eléctricas, será remitido en el momento previo a la remisión del expediente completo a esta dirección general para su resolución y una vez concluidos los trámites de información pública y de información a otras Administraciones, organismos y empresas de servicio público e interés general”. Concluye la orden del director general : “No existiendo ninguna previsión legal que condicione la realización del trámite de información pública a la existencia de un informe técnico previo del órgano instructor, se insta a las jefaturas territoriales a prescindir de la emisión de este tipo de informes en cualquier otro momento procedimental distinto del mencionado”.

Fuentes conocedoras de cómo se está desarrollando la ejecución de los parques eólicos —y los proyectos industriales que las adjudicatarias presentaron para hacerse con una porción del reparto— aseguran que esta instrucción no solo rige para los parques de Norvento sino que se ha repetido en muchos de los expedientes en que los funcionarios detectaron irregularidades o cambios entre los proyectos presentado al concurso y los que ahora se pretenden ejecutar. Según esas fuentes, la orden de Tahoces siempre fue la misma: posponer esos informes técnicos para que no den pistas a particulares, empresas e instituciones en la fase de exposición pública, un período de 30 días que la consellería está haciendo coincidir con los meses de verano en muchos de los parques cuya tramitación continúa.

Preguntada sobre los motivos que llevaron a la Consellería de Industria a remitir esta instrucción a los técnicos, el departamento de comunicación explicó ayer a EL PAÍS vía correo electrónico lo siguiente: “Por medio de la citada instrución, a la que se hace referencia, la Dirección Xeral de Industria recuerda la necesidad de emitir el informe, así como el momento del procedemiento en el que deberá ser emitido según la normativa de aplicación”. El escueto comunicado no aclara cual es el objetivo de retrasar los informes técnicos hasta después de que finalice el trámite de exposición pública. Se limita a asegurar la Xunta que “el procedimiento sigue su curso y que cualquier modificación de los parques debe contar con el aval de la comisión de seguimiento”.