Medio Ambiente impulsa la revisión del urbanismo del litoral

Se aprueban leyes que amplían la protección medioambiental, pero no se actualizan las normas anteriores y no se cambia las clasificaciones de suelo de hace más de 20 años. Es el retrato del urbanismo costero de la comunidad, que tantos quebraderos de cabeza ha dado durante los años de locura del ladrillo. Ahora, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente tiene la intención de iniciar un proceso de revisión de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de las localidades del litoral. Quiere que se adapten al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que se aprobó en 2006 y que es más restrictivo con la expansión de los municipios.

El consejero Luis Planas espera que este otoño se den “pasos adelante desde el punto de vista legislativo y jurídico al respecto”. De momento, su departamento señala que solo diez de los 62 municipios costeros de la comunidad tienen actualizado su planeamiento con los criterios del POTA, es decir, apenas el 16%.

“Existen suelos clasificados en algunos casos desproporcionados a las necesidades y las demandas actuales”, se matiza desde la consejería. Además, indican las mismas fuentes, también hay “suelos clasificados de carácter aislado o en zonas donde la sensibilidad ambiental aconseja en este momento no proceder a su urbanización”. “La mayor parte de estos suelos está ligada a crecimientos turísticos y de segunda residencia”.

Son bolsas de suelo que han estado durante décadas en letargo. Hasta que dan la cara y, en algunos casos, levantan polémicas. Así ocurrió a finales de mayo, cuando el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) aprobó el plan parcial de Valdevaqueros, que prevé la construcción de 350 viviendas y establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas en el entorno de una playa muy poco urbanizada.

La bolsa de suelo durmiente de Valdevaqueros, de unos 700.000 metros cuadrados de superficie, estaba en letargo desde principios de los noventa, cuando se aprobó el PGOU de Tarifa. Tan dormida estaba que, en la planimetría del plan parcial que el Consistorio aprobó en mayo, se reservan 10.000 metros cuadrados para “equipamiento docente de EGB” y 2.531 para “equipamiento docente preescolar”. Esta denominación de las etapas educativas se eliminó en España tras la LOGSE de 1990.

Entre la aprobación en los noventa del PGOU de Tarifa, en el que se diseñó que una de las zonas de expansión del municipio sería el paraje de Valdevaqueros, y el reciente visto bueno al plan parcial que desarrolla esa idea, en España se han aprobado tres leyes educativas —y está en marcha una cuarta reforma—. Lo mismo ha ocurrido con la legislación ambiental y urbanística, que ha sufrido intensas modificaciones que hoy harían imposible diseñar sobre el plano desarrollos como el del entorno de esta playa tarifeña.

El proyecto de Valdevaqueros se ubica a diez kilómetros del caso urbano. Es decir, de salir adelante, supondría el nacimiento de un núcleo diseminado. Algo que no se cuestionaba cuando se aprobó el PGOU tarifeño en los noventa, pero que ahora es bastante cuestionable. La consejería sostiene que con el POTA de 2006 “se efectúa una apuesta decidida por la ciudad compacta evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo”.

Durante los últimos años, se han realizado diferentes actualizaciones y adaptaciones de los PGOU municipales. Pero desde la consejería se reconoce que en muchos casos “se han respetado todos los suelos urbanizables existentes”. Es decir, se han respetado esas bolsas de suelo en letargo, que ahora la Junta quiere revisar.