Oxígeno para la Intervención General

Este verano no ha sido tranquilo para nadie, pero en los órganos fiscalizadores andaluces han saltado chispas. La tensión entre el ex interventor general Manuel Gómez (2000-2010) y la Cámara de Cuentas estalló por culpa del fondo de los ERE. Ambas partes se han recriminado mutuamente que no se frenara la aparente malversación de fondos públicos, pese a que las alarmas saltaron en sucesivos años desde que en 2001 la Consejería de Empleo empezó a dar subvenciones millonarias. La batalla se ha saldado con la aparente victoria de Gómez, después de que la Cámara haya retirado la grave acusación sobre que este ignoró el menoscabo de fondos.

El órgano fiscalizador del Parlamento matiza estos días el informe provisional sobre los ERE porque está en periodo de alegaciones. Pero entre el anteproyecto del informe filtrado el pasado mayo, y la versión actual, los cambios son llamativos. Sobre todo el viraje respecto a la Intervención.

Crítica escrita en primavera: “La Intervención debió emitir el denominado Informe de Actuación por haber constatado que los gestores de Idea [la agencia pagadora de las ayudas] no adoptaban las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas”. Explicación redactada en verano: “La ausencia de Informe de Actuación solo puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.

Tras el trabajo de campo que un equipo de auditores realizó durante 14 meses con los expedientes en la Consejería de Empleo, este verano el Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado modificaciones sobre 26 de los 312 párrafos que componen el espinoso informe, con el voto discrepante de dos consejeros del PP. A pesar de que se mantiene una crítica general por el “incumplimiento continuo y reiterado de las normas vigentes”, el informe suaviza su censura al convenio marco de 2001 que generó el fondo. Y se ha incluido la tramitación parlamentaria para incluir el fondo en los Presupuestos, un argumento clave que la Junta esgrime para defender su legalidad.

Pero el asalto Cámara-Intervención tiene su intrahistoria: ante la filtración del anteproyecto a la prensa en mayo, inédita en la historia del órgano y que perjudicó su prestigio de manera grave al tratarse de un documento inconcluso, Gómez reaccionó indignado y el 18 de junio remitió una durísima réplica a la Cámara: “Se ha trasladado a la opinión pública un grave e injustificado descrédito de mi gestión (…) Me propongo demostrar lo infundado de las conclusiones vertidas en el anteproyecto, la presunta ligereza con la que han actuado”. Pero Gómez fue más allá y tras presentar un contundente documento de 88 páginas, exigió conocer los nombres de los auditores para “ejercer las acciones oportunas en demanda de responsabilidades”. Es decir, salvar su honor en los tribunales.

Pero el escrito de defensa de su departamento, adscrito a la Consejería de Hacienda, incluía un ataque frontal contra la Cámara por haber ignorado el fondo durante una década y la pasada primavera romper su silencio con duras críticas. “Resulta realmente asombroso que no exista ningún pronunciamiento de la Cámara de Cuentas en todo el periodo 2001-2011, a pesar de las múltiples señales que ha recibido a lo largo del mismo de las presuntas debilidades y deficiencias que ahora revela en su informe”. Sus invectivas no tienen desperdicio: “No es posible contemplar sin estupor el espectáculo del órgano de control externo de la Junta, tantas veces llamado a pronunciarse, tan profusamente exhortado a hacer oír su voz y a cumplir con su obligación ante unos hechos que así lo exigían, e ignorándolos con aparente desdén durante tantos años”. Y continuaba: “Realmente, estremece pensar qué diferentes habrían podido ser las cosas en este asunto (…) si la Cámara de Cuentas hubiera estado a la altura de las circunstancias en el momento en que aparecieron ante sus ojos por primera vez pruebas tan evidentes de un procedimiento que adolecía de debilidades tan notorias (…) Por eso resulta tan estruendoso este silencio tan prolongado”, censuró.

La juez Mercedes Alaya ya ha señalado en sus autos a Empleo, al Consejo de Gobierno y a la Intervención General. De momento la Cámara está ajena a su prosa.