La oposición municipal anuncia “medidas conjuntas” contra Maroto

El alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, quiso ayer templar los ánimos en torno a la intensa polémica que ha generado el relevo de la secretaria general del pleno. Maroto, quien compareció ante la comisión de Función Pública, aseguró que propondrá como candidata a Síndico de la Ciudad —Defensor del Vecino— a la letrada que ocupó el puesto de secretaria general casi dos décadas y que renunció a su cargo en agosto. La exsecretaria general, Idoia Martínez Peñalba, reconoció ayer que aceptará el cargo si su candidatura es apoyada por los 17 votos necesarios en el pleno. El actual Síndico, Javier Otaola, finaliza su mandato en octubre. Las tareas de la secretaria han recaído por ahora en la directora municipal de Función Púiblica, Vicky Gastón.

Maroto trató de esta manera de calmar el debate que generó el cambio de la normativa para elegir este cargo, con un concurso público del que se seleccionarían los tres mejores candidatos, tras lo cual sería el equipo municipal el que eligiese el secretario. Entonces fue acusado de querer elegir “a dedo” esta figura y ayer, lejos de templar los ánimos de la oposición, que había amenazado antes del parón vacacional con una moción de reprobación contra el alcalde si no rectificaba, hizo que esta censurara el intento de “desviar la atención” y avanzara “medidas conjuntas” contra el alcalde que detallará el lunes. Un informe jurídico presentado ayer mismo por el equipo municipal apuntaba que el alcalde no puede ser objeto de una moción de reprobación.

López endosa al alcalde la culpa en el retraso del pago del canon

Maroto recibió ayer un segundo ataque, este del lehendakari, Patxi López, quien aseguró en una entrevista en Radio Vitoria que el retraso en el pago del canon de capitalidad se debe exclusivamente a un cambio de opinión del alcalde. Y es que, según explicó López, el Ayuntamiento pidió primero que los cinco millones correspondientes al canon fuesen contemplados en los presupuestos como inversiones para equipamientos, mientras que después reculó y lo solicitó para gasto corriente.

El resultado de ese cambio supuso un lío burocrático que ha alargado los plazos. El martes, el consejero de Economía, Carlos Aguirre, aprobó el cambio y ayer el secretario general de Presidencia, Manuel Salinero, firmó la resolución para pagar el dinero: 4,4 millones de euros, tras la retención que han sufrido todas las subvenciones del Gobierno.

“Van a usar el canon para lo que no es”, resumió López, que argumentó que el alcalde no hubiera necesitado esta cantidad para gastos de seguridad ciudadana, alumbrado y limpieza, entre otros conceptos, si su partido y el PNV no hubiesen puesto trabas a la ley Municipal.