El Supremo anula la concesión de las TDT adjudicadas por González Pons

La gestión de Francisco Camps al frente de la Generalitat recibió ayer un nuevo varapalo. El Tribunal Supremo ha anulado la mayoría de las concesiones comarcales de televisión digital terrestre (TDT), tras el recurso interpuesto por Tele Elx, que quedó excluida de las adjudicaciones.

Quedan al margen de la sentencia, porque se adjudicaron en resoluciones distintas, cuatro de las 18 demarcaciones en las que la Generalitat dividió la Comunidad Valenciana y las dos licencias de emisión de ámbito autonómico.

En las 14 demarcaciones afectadas por el fallo del Supremo, la mayoría de las 42 frecuencias locales fueron adjudicadas a empresas afines al Partido Popular. En el proceso, gestionado desde la Consejería de Relaciones Institucionales y Comunicación que entonces ocupaba Esteban González Pons, la firma Mediamed Comunicación Digital, la empresa del empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, obtuvo frecuencias en 13 de las 14 demarcaciones

La sala tercera del Alto Tribunal resolvió el pasado 4 de julio anular todas las adjudicaciones de TDT otorgadas por el Consell el 30 de diciembre de 2005. Se trata de 42 licencias privadas concedidas en 14 demarcaciones, cada una de las cuales, además, abría la posibilidad de poner en marcha un canal público previa constitución de un consorcio entre los Ayuntamientos que la conformaban.

La sentencia es consecuencia del recurso de casación presentado por Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, la primera televisión local que emitió en la Comunidad Valenciana, que se quedó fuera del reparto. Aunque perdió ante el Tribunal Superior de Justicia el 18 de julio de 2008, el Tribunal Supremo ahora le ha dado la razón en una sentencia que deviene firme y definitiva.

El Consell pidió ayer tiempo para estudiar el fallo.

Según el fallo del Tribunal Supremo, la razón principal de la anulación de las concesiones radica en que el Consell contrató para la ponderación y valoración de las ofertas presentadas (un total de 71 empresas) a la empresa Doxa Consulting, que “carece de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la Administración”. En cambio, según la legislación, era la mesa de contratación la que debía valorar las ofertas presentadas, recuerda el Supremo.

La sentencia incide en que la resolución dictada el 30 de enero de 2006 por el entonces consejero Esteban González Pons, “por la que se adjudican las concesiones (…) no refleja la valoración hecha por Doxa Consulting”. Y que la decisión “no permite conocer a Tele Elx las razones por las que su oferta no fue seleccionada” pese a que la Administración tiene que motivar la resolución.

El Consell contrató la valoración de las ofertas pero no la hizo pública

González Pons se justificó ayer con el argumento de que el Supremo ha cambiado “de criterio”, ya que en otras dos sentencias anteriores “había validado la adjudicación \[de la Generalitat\] y ahora ha decidido lo contrario” en este fallo. Presidencia de la Generalitat reclamó ayer tiempo para analizar el alcance del fallo del Supremo y hallar una solución al nuevo escenario de la televisión digital terrestre

El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local dividió la Comunidad Valenciana en 18 demarcaciones, que podían disponer cada una de un múltiplex con cuatro canales, tres privados y uno público. En un primer momento solo se adjudicaron 14, ya que en esa fecha el Ministerio de Industria ni siquiera había adjudicado las frecuencias de La Vall d’Uixó-Segorbe, Gandia, Utiel-Requena y Dénia. Entre las obligaciones de las empresas adjudicatarias estaban las de emitir un 25% de la programación en valenciano y tener, al menos, un 20% de producción propia.

Los grupos parlamentarios de la oposición expresaron su satisfacción por el fallo de la oposición. El socialista Josep Moreno recalcó que la sentencia “sitúa una vez más al Gobierno del Partido Popular de Fabra y de su compañero de mesa Esteban González Pons en el centro de los escándalos políticos de este país”. Moreno instó al PP a pedir disculpas y garantizar que la próxima adjudicación de TDT será legal.

Mireia Mollà, de Compromís, afirmó que el fallo “pone fin a uno de los mayores ataques a la democracia y a la libertad de expresión registrados en el País Valenciano”. “Para hacer este regalo a cadenas amigas han marginado y acosado a televisiones de reconocida trayectoria profesional”, indicó.

Marga Sanz, de Esquerra Unida, recordó que ya denunció el uso de criterios políticos en la adjudicación de TDT y reclamó transparencia en las nuevas adjudicaciones.