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Granada gana el litigio del IBI al Parque de las Ciencias

El museo deberá pagar 224.000 euros al Consistorio

El Parque de las Ciencias de Granada ha sido condenado a pagar 224.000 euros al Ayuntamiento de la ciudad en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al 2010. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada va a ser recurrida por el parque. Se trata de un capítulo más en la batalla que por el pago de tributos mantienen desde hace años el museo interactivo y el Ayuntamiento de la capital.

El Consistorio también le reclama el IBI de 2011, que está pendiente de resolverse por vía judicial. El museo no puede ser considerado un edificio de uso docente —lo que le eximiría de pagar IBI— puesto que al cobrar entrada tiene también "uso comercial". Con ese argumento, según fuentes municipales, se ha condenado ahora al parque, que ganó a la institución municipal la última lucha referente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la cuarta fase.

En ese caso era también el Ayuntamiento el que reclamaba al Parque de las Ciencias más de 800.000 euros (753.437 más intereses de demora). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó que el Ayuntamiento debía aplicar al museo una bonificación del 95% al ICIO derivada de su propio acuerdo, adoptado en pleno en 2006, cuando declaró al museo como "entidad de especial interés y utilidad municipal".

Aunque esta última resolución —la del IBI de 2010— se conoce ahora, tras el plante de la Junta a la Iglesia para que abra al público el patrimonio restaurado con fondos públicos, el enfrentamiento entre el Parque y el Ayuntamiento viene de años atrás. El Consistorio forma parte del Consorcio que lo rige, concretamente dispone el 25%. Es, tras la Junta, la institución con mayor representación, pero como el parque no le paga las cantidades que le adeuda, el Ayuntamiento no le abona su aportación.

Tras varias disputas, en 2010 iniciaron conversaciones y pusieron en marcha una negociación. El parque alega, en general, que no va a pagar tributos que "nunca le habían sido exigidos" y que el Consorcio no tiene previsión presupuestaria en ese sentido. Además, siempre ha defendido que es un espacio al servicio de la educación y la cultura, por lo que tendría que quedar exento. Aunque ambas partes dijeron que tenían previsto encaminar el conflicto a una solución, las resoluciones judiciales se siguen sucediendo.