Apretando a las comunidades

Para conseguir que las Comunidades Autónomas (CCAA) participen y cumplan en la hoy difícil tarea de la estabilidad presupuestaria existen dos posibles rutas. La primera de ellas es la que se desprende de una perspectiva federal de las relaciones intergubernamentales y que se concreta en recomendaciones como una mayor autonomía y responsabilidad fiscal para las CCAA, más lealtad y compromiso con los acuerdos, más diálogo, negociación y pacto en los objetivos. La segunda va justo en el sentido contrario: centralizar el diseño, ejecución, vigilancia y control de esa estabilidad; fijar objetivos unilateralmente; amenazar con sanciones que pueden llegar a la suspensión del autogobierno regulada en el artículo 155 de la Constitución. El Gobierno central se ha decantado por el segundo camino, sin que parezca importarle mucho perder por ello el apoyo del principal partido de la oposición y sin ocultar su enfoque partidista. Francamente, me parecen una aberración en las formas y en el fondo las reuniones con los responsables políticos de las comunidades que gobierna el PP el día antes de la celebración de cada Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Por qué ha optado por este camino? Una hipótesis es que la ideología de sus votantes y los propios cuadros del PP no sea avanzar más en la descentralización, sino más bien centralizar, y lo que hace el Gobierno central es reflejar esa preferencia. Los estudios demoscópicos muestran reiteradamente esa relación inversa entre apoyo al PP y grado de descentralización deseado. Lo que está haciendo la presidenta Cospedal en Castilla La-Mancha avala esta interpretación.

Una segunda hipótesis es que el Ejecutivo central no se fía de las CCAA. No faltan razones para esa desconfianza. Son varias las CCAA que han sido desleales con el Gobierno central en el pasado, incumpliendo ampliamente lo pactado y ocultando el incumplimiento. El caso paradigmático es la desviación de la Comunidad de Madrid en 2011, confesada meses después de haberse cerrado el ejercicio y tras haberse erigido en paladines de la austeridad y ejemplo de cumplimiento.

La tercera hipótesis es que lo que hace el Gobierno central es replicar lo que hace Bruselas con él. Porque siente que es lo justo y porque es lo que más le gusta a las autoridades comunitarias (y alemanas).

Existen motivos para pensar que el nuevo gobierno y la nueva legislación van a ser eficaces en el proceso de consolidación fiscal. El Ministerio de Hacienda está manteniendo una posición firme en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en sus declaraciones públicas; ha amonestado ya a más de la mitad de las CCAA de régimen común; y ha aprovechado el desarrollo normativo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para dar una nueva vuelta de tuerca al control sobre las haciendas autonómicas. Porque, sin duda, el FLA anticipa la aplicación de recortes de gastos y subidas de impuestos bajo la cercana tutela de la Administración central, amplía las obligaciones informativas referidas a la gestión presupuestaria, y contempla el aterrizaje de misiones de control con plenos poderes para revisar la gestión en las Comunidades Autónomas en una fase más temprana que en el caso de comunidades con plan de ajuste pero que no recurrran al FLA. Diga lo que diga la Generalitat, la legislación vigente hace que los llamados rescates financieros a las CCAA supongan una cesión importante de soberanía financiera.

Sin duda, lo que ocurra en lo que resta de 2012 será determinante en la credibilidad de la nueva legislación. Dentro de unos meses sabremos si el grado de eficacia en el control compensa lo que se ha perdido (o no se ha ganado) en otros frentes importantes de un Estado descentralizado.