Lo que hace falta es gobernar

Tras las semanas de placidez propias de agosto, placidez que incluso parecía extenderse a la presión de los mercados sobre la deuda soberana del reino de España, llega septiembre y con él la vuelta al colegio y al curso político que, además, trae consigo un adelanto electoral que puede ser calificado de todo menos de sorprendente.

Otro día podremos hablar de las elecciones pero hoy toca hablar de la situación que como la pertinaz sequía parece envolvernos desde siempre y para siempre y que lleva a nuestros políticos a hablar continua y constantemente de la “gestión de la crisis”. La llegada de septiembre nos ha traído unas cifras, además de la prima de riesgo y el Ibex 35, que no es que no me interesen, pero desde luego mucho menos que las siguientes. El segundo semestre ha vuelto a ofrecer un saldo de recesión, por primera vez, que yo recuerde, ha crecido el desempleo en los meses de verano y sobre todo, Septiembre nos ha traído el dato relativo a las afiliaciones en Seguridad Social, según el cual cada dos contribuyentes sostienen a un miembro de las clases pasivas.

Dejando de lado que no me creo a pies juntillas esta interpretación de los datos de afiliación, lo que resulta es que, por fin, han conseguido arrojar un dato que verdaderamente pone en solfa la sostenibilidad del sistema de pensiones. Realmente no creo que el sistema sea insostenible, sino que de ser cierto el dato habrá que acudir a sistemas como los nórdicos en los que conviven el sistema de relevo con la financiación vía presupuestaria. Hace un par de años, cuando se planteaba este mismo problema, la respuesta que daban los economistas era que con la subida de un punto o punto y medio de la tarifa del IVA era suficiente para asegurar el pago de las pensiones. Pero hoy, dos años después, nos encontramos con que el IVA ha subido no uno ni uno y medio sino cinco puntos. A simple vista parece cerrada o muy limitada esta vía de financiación. ¿Qué han hecho los gobiernos con este dinero? La verdad es que no lo sé, ni siquiera han sido capaces de mantener el nivel de prestaciones públicas. Únicamente puedo colegir que su destino ha sido y será el ataque al nuevo gran enemigo: el endeudamiento público.

Se hace necesario el desarrollo de nuevas actividades productivas

La deuda pública se dirige habitualmente al fortalecimiento de lo que se da en llamar capital social. Por el contrario, el endeudamiento privado tiene como destino únicamente la actividad productiva en un 6%. La limitación de la deuda pública no solo conduce a un déficit social sino a la limitación de la inversión en investigación, en ciencia y en innovación, es decir, conduce a una economía más injusta y más ineficiente.

Hoy estamos todos de acuerdo en que se hace necesario el desarrollo de nuevas actividades productivas tales como energías renovables, reciclaje, agricultura y servicios sociales debiendo olvidar un modelo económico basado en grandes infraestructuras de carácter antieconómico y antisocial tales como AVEs, grandes autopistas y metros. Es preciso un proyecto social compartido, negociado y prediseñado con una fuerte intervención de los poderes públicos.

Por otro lado, resulta que los momentos de mayor recesión económica coinciden con los momentos de mayor desigualdad. La concentración de riqueza en manos del 1% de la población en EE UU en 1929, justo antes del crack es exactamente igual que la de 2008, antes de la quiebra de Lehmann Brothers. La explicación es sencilla: la desigualdad supone una menor participación de los salarios en la renta nacional y, por tanto, menor participación de las rentas que van destinadas mayoritariamente al consumo. En la desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, impide la formación de un mercado interior fuerte capaz de sostener la demanda agregada y por tanto la base para la consolidación empresarial que permita el acceso a mercados supranacionales aprovechando economías de escala, haciendo realidad la pretendida internacionalización de la empresa.

Solo se crea empleo cuando existe demanda de bienes y servicios

El alza de los salarios tanto el nominal como el indirecto y el diferido (salario propiamente dicho, gasto social y pensiones) es merecedor de un verdadero anatema por parte de la ortodoxia liberal generalizada en casi todo nuestro espectro político —en tres de los cuatro partidos y coaliciones que concurren con expectativas reales a las próximas elecciones—. El desempleo rampante se combate desde este pensamiento través de la reducción de derechos sociales que en teoría favorecería la contratación y además sería capaz de fomentar la competitividad internacional.

A pesar de que se han desarrollado complicados modelos matemáticos que han intentado justificar lo anterior, lo cierto es que sólo se crea empleo cuando existe demanda de bienes y servicios, solo se contrata cuando se hace preciso el trabajo porque existe mercado para las ventas. Para ello queda claro que es preciso el fortalecimiento del mercado interno y en consecuencia el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios.

El Reino de España tiene unas cifras de empleo público muy inferior a la media de la Unión Europea a 15, justificado por el déficit social tradicional de nuestra economía, con lo que el sector público todavía ha de ser nicho de empleo. El nuevo eje del mal, endeudamiento público, salarios justos y fortaleza del sector público es lo que puede convertir lo que hemos equiparado a la pertinaz sequía —la crisis— en una lluvia fuerte, sana y limpiadora. Pero para ello no sirve gestionar, en lo que se autoproclaman expertos los nacionalistas; hace falta gobernar.