La Renta Mínima, bajo mínimos

Felisa, de 52 años, vive con cinco gatos y dos perros. Son su única compañía en un piso de unos veinte metros cuadrados en el barrio de Tetuán y, según ella, el motivo por el que se levanta cada mañana. Hace cinco años perdió su empleo como comercial de venta de té y, desde entonces, es una de las perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda que concede la Comunidad de Madrid a personas en situación de pobreza. Dispone de 375 euros al mes con los que paga el alquiler, los gastos asociados a la vivienda, la comida y la factura de teléfono móvil. Un lujo que se permite porque necesita estar localizable para las ofertas de empleo. Hace dos años que no compra ropa y que no pisa un cine o restaurante; su prioridad es reformar su casa, gravemente deteriorada.

Como Felisa, otras 32.000 mujeres de la región subsisten gracias a esta ayuda. Se trata del perfil mayoritario de perceptores de la RMI, y representan el 60,34% del total (unos 52.300 beneficiarios en 2011). Son mujeres con o sin hijos a su cargo con una media de edad de 42 años. Además de percibir la ayuda económica, Felisa acude dos veces por semana a uno de los programas de reinserción laboral subvencionados por la Comunidad, una actividad que le “obliga” a salir de casa, conocer personas y aprender informática. La Ley de Renta Mínima de Inserción, aprobada por el Gobierno regional en 2001, da a las personas sin ingresos entre 375 y 532 euros mensuales y reconoce el derecho a recibir apoyo personalizado para su inserción laboral. Las entidades sin ánimo de lucro son las que se encargan de impartir estos programas y, por primera vez desde 2002, ven peligrar estos proyectos. “Hasta este año, la Comunidad concedía las subvenciones con carácter bianual y con una dotación de unos seis millones (tres millones por año). En 2012 la convocatoria ha llegado con ocho meses de retraso —en agosto—, es de carácter anual y la han reducido a dos millones”, denuncia Gabriela Jorquera, la coordinadora técnica de EAPN, la red madrileña mayoritaria de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con 45 entidades adscritas. “La reducción de la partida mermará los programas y supondrá la desaparición de algunas de las asociaciones”, lamenta. Durante los últimos meses las entidades han tirado de fondos propios y de créditos bancarios.

La dotación presupuestaria para las subvenciones fue de 3.155.440 euros en 2010 y 2011. El pasado 2 de agosto la Comunidad autorizó una línea de subvenciones con un montante de 2.077.720 euros, un 34% inferior a los años precedentes. “Los programas de acompañamiento de la RMI son esenciales para el acceso al mercado laboral de los beneficiarios, de los que solo el 21,70% tienen graduado escolar”, señala Ana González, secretaria de política social de CC OO Madrid. Desde 2008, el número de solicitudes para recibir la RMI ha crecido un 260%, y en 2011, del 21,63%. “El esfuerzo del Ejecutivo de Aguirre es claramente insuficiente”, remacha.

La asociación CEPA trabaja con unos 60 usuarios en el barrio de Fontarrón, en el distrito Puente de Vallecas, donde desarrolla dos programas para perceptores de la RMI: uno destinado a mujeres en situación de desarrollo personal y búsqueda de empleo, y otro de orientación laboral con hombres y mujeres. Durante 2010 y 2011 CEPA recibió una subvención del Gobierno regional de 20.000 euros para la puesta en marcha del curso destinado a mujeres. El otro lo activaron por la creciente demanda por parte de nuevos usuarios, y lo financiaron con fondos propios. El pasado enero decidieron mantener ambos proyectos con una plantilla de nueve trabajadores pero, como consecuencia del retraso en la convocatoria de las subvenciones, han quedado solo cuatro y se enfrentan a un “más que probable” cierre. “Dependemos en un 90% de las subvenciones de las administraciones y en el caso concreto de los programas de la RMI nuestra supervivencia pasa por lo que ingresamos de la Comunidad”. Al despido de trabajadores sociales y psicólogos durante los últimos meses se suma una reducción salarial y de horario de los empleados en activo. “Ya no nos quedan recursos y no tenemos previsión de que vayan a entrar. Lo que más nos preocupa son los usuarios. ¿Dónde se les va a atender ahora?”, se pregunta Belén Cañero, coordinadora de la asociación.

Isabel, de 54 años, tiene a dos de sus hijos a su cargo, de 19 y 13 años, y recibe 483 euros al mes. Viven en una buhardilla de unos quince metros cuadrados. Se ilusiona con la idea de que su hija trabaje como auxiliar de veterinaria, aunque de momento no se ha sacado el graduado escolar. Isabel tampoco lo tiene, pero gracias al programa que la asociación Las Alamedillas imparte en Tetuán ha aprendido a hacer un currículum en formato digital. A veces se desanima, su lucha diaria por seguir adelante ya es bastante. “Es muy difícil llegar a final de mes. Nos alimentamos de pasta y legumbres y mis hijos saben que no les puedo comprar ropa”, cuenta desde las escaleras de su edificio.

“Es esencial que reciban una atención personalizada y continua ya que, en muchos de los casos, han perdido las habilidades sociales y no saben interactuar”, argumenta Juan Carlos García, responsable de la asociación. Actualmente, atienden a unos 300 usuarios y su principal preocupación se ciñe sobre 2013. Entre 2010-2011 6.066 personas perceptoras de la RMI participaron en alguno de los programas. De ellos 271 lograron un trabajo, un 4,5%.