La juez archiva otra vez la causa penal por la okupación de Uxotegi

El caso Uxotegi parece haber entrado en un bucle. La juez Silvia Villanueva Hormías, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián, encargada de la investigación del suceso, ha vuelto a archivar provisionalmente la causa penal por la okupación del inmueble. Es la segunda vez que la magistrada, con diferentes argumentos, toma esta decisión y también la segunda ocasión en la que su criterio difiere del de la Fiscalía, que ha presentado un recurso de reforma contra la decisión, al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito, según fuentes próximas al caso.

El criterio de enjuiciamiento sobre los hechos, el asalto y toma de un inmueble en la Parte Vieja de San Sebastián por una treintena de jóvenes ligados a la izquierda abertzale el 24 de septiembre de 2011, en supuesta connivencia con un miembro del equipo de Gobierno de Bildu y ante la impasibilidad de la Guardia Urbana, enfrenta a juez y fiscal.

La magistrada, en un auto remitido el pasado mes de agosto, considera que los hechos no requieren la “protección del derecho penal”, según confirmaron a EL PAÍS las citadas fuentes. La juez cree que el estado del inmueble, su deterioro y el hecho de que nadie viviera en el mismo son argumentos suficientes para que los hechos solo puedan ser enjuiciados por vía civil, un recorrido ya agotado por la acusación, y con sentencia firme a favor de la propietaria de la vivienda.

El Ministerio Público elevará su petición a la Audiencia si ahora no prospera

La Fiscalía, por el contrario, estima que “se cometió un atropello contra un particular”, como puntualizaron fuentes jurídicas, y que la presencia del exsecretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, en los hechos y la posibilidad de que éste influyera en la posterior actuación de la Guardia Urbana, que finalmente permitió a los jóvenes acceder al edificio, puede ser constitutivo de un delito.

Los argumentos empleados por la juez difieren de los que esgrimió el pasado mes de febrero cuando recogió en otro auto que no había quedado “suficientemente justificada la perpetración del delito”. Una resolución que chocó con la sentencia dictada por Ana Rosa Bernal Dafauce, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián, relativa a la demanda civil de los hechos y que consideró “acreditada la ocupación del inmueble”.

Tanto la Fiscalía como el abogado de la propietaria recurrieron entonces la decisión de la juez instructora, que aceptó el pasado mes de mayo reabrir las diligencias. También compete en esta segunda ocasión a la magistrada acceder a las peticiones de la Fiscalía. El Ministerio Público tiene incluso previsto, si la juez no aceptara sus requerimientos, elevar su demanda ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

El equipo de Gobierno de San Sebastián valoró ayer por su parte las conclusiones de la comisión Uxotegi, presentadas un día antes por el popular Ramón Gómez Ugalde. Bildu, a través del concejal de Participación y el vocal de la formación en las sesiones de trabajo, Axier Jaka, consideró que “no hay una sola prueba” que demuestre la implicación del Ayuntamiento en los hechos y censuró que el informe señale como responsable político de la okupación a Juan Karlos Izagirre y su Gobierno.

Jaka puntualizó que Ibazeta solo actuó como “mediador” entre los jóvenes asaltantes, entre los que se encontraba su propia hija, y la Guardia Urbana, a pesar de que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia recoge que el exconcejal de Euskal Herritarrok se presentó como “responsable” del grupo. El edil además defendió que la actuación de la Policía respondió exclusivamente al protocolo establecido por la misma, y que no difirió respecto a otros sucesos similares como la okupación del antiguo Teatro Bellas Artes.