La competencia que pactaron Zapatero y Urkullu
La transferencia de las Políticas Activas de Empleo nació fruto de un acuerdo político entre necesitados.
El PNV acababa de abandonar Ajuria Enea después de 30 años de gobiernos interrumpidos dirigidos por lehendakaris nacionalistas, y el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero necesitaba al PNV para sacar adelante sus presupuestos, por segundo año consecutivo, al encontrarse en minoría parlamentaria.
Una maniobra política de un PNV enrabietado que restó legitimidad al gabinete de Patxi López desde el minuto uno y que además de ningunearle tenía como objetivo arruinar la estrategia del Gobierno socialista, que quería comenzar su andadura con el traspaso de las competencias de las políticas activas.
Euskadi era la única comunidad autónoma que no la tenía por la negativa del PNV, durante casi tres décadas, a asumirla sin las políticas pasivas, es decir, pensiones y cotizaciones sociales.
La factura de aquella operación de indudable calado político, sean 88 ó 54 millones, se asocia demasiado costosa, máxime en estos momentos de urgencias económicas en las Administraciones públicas, obligadas a actuaciones de estricta austeridad, que, sin embargo, en este caso no ocurre.
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