Sanidad, Metro e incendios, claves del curso político

Tanto si estuvieron de vacaciones como si se quedaron en casa, agosto va a marcar la vuelta a la actividad de los parlamentarios madrileños. Algunas de las cuestiones que fueron noticia el mes pasado abren el calendario de actividades de la Asamblea de Madrid, que empieza hoy con la reunión de la mesa. Los grupos de la oposición han presentado iniciativas relacionadas con la expulsión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario, el incendio que quemó unas 1.200 hectáreas en Robledo de Chavela y Valdequemada o la posible privatización de Metro. Los días 11 y 12 de septiembre se celebrará el debate sobre el estado de la región.

 El cambio estatal en las condiciones de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, que entró en vigor el sábado, centra una de las peticiones de UPyD, que ha reclamado conocer el coste para el Servicio Madrileño de Salud de la atención a este colectivo en los tres últimos años, informa Efe. Frente a otras comunidades (Andalucía, País Vasco, Cataluña o Asturias), Madrid ha asegurado que acatará el decreto del Estado.

El PSM ha preparado iniciativas sobre las condiciones de trabajo de los bomberos de la Comunidad o los medios existentes contra incendios en el Plan Infoma 2012. El pasado 27 de agosto se declaró un incendio en los márgenes de la carretera M-537 entre Robledo de Chavela con Valdemaqueda. Las investigaciones apuntan a que las llamas fueron provocadas por uno o más individuos, pero han surgido dudas sobre la coordinación de la extinción del fuego o el mantenimiento de la presa de Robledo, sin agua por las filtraciones tras una avería.

El PSM ha preguntado por la “política general” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el servicio de Metro si el ejecutivo regional tiene previsto “facilitar la entrada de empresas privadas en el accionariado” de la empresa pública. Metro busca una auditoría “financiera y operativa” para actualizar el plan estratégico que marca las líneas maestras de la empresa.

Entre los requisitos fijados para la consultora (que trabajará dos meses y cobrará 700.000 euros) está acreditar la realización de informes “sobre oportunidades de inversión privada en transporte público”, según la convocatoria pública. UPyD y el PSM han solicitado el pliego de condiciones de la auditoría e información sobre el accidente en los depósitos de Loranca en el que fallecieron dos personas.