Sanidade pide trámites contra reloj a los sin papeles para darles asistencia

Contra reloj y contra todo pronóstico. La propuesta con la que Feijóo —puntualizada hace apenas unos días por su conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera— pretendía dulcificar la reforma del Gobierno central que deja desde el pasado sábado en el desamparo sanitaro a los inmigrantes sin papeles, tiene “difícil aplicación”. Los colectivos SOS Sanidade Pública de Galicia , Asociación Galega de Medicina Familiar, Médicos do Mundo y Foro Galego de Inmigración, integrados en plataforma, alertaron ayer de que las condiciones ofrecidas por la Xunta para garantizar la asistencia de este colectivo son prácticamente imposibles de cumplir. La oferta de Sanidade para prestar los servicios públicos a estos ciudadanos consiste en concederles un plazo de seis meses a los inmigrantes ilegales para que acrediten oficialmente que carecen de recursos económicos tanto en España como en su país de origen.

El sábado, primero de septiembre, entró en vigor la norma del Ministerio de Sanidad que regula las condiciones de los asegurados de la asistencia sanitaria pública en España y que deja sin tarjeta a cerca de 153.000 inmigrantes en situación irregular, unos 9.000 de ellos en Galicia.

La decisión del Gobierno fue rechazada por algunas comunidades como Andalucía o País Vasco que anunciaron su desobediencia a la norma y su decisión de seguir atendiendo a los sin papeles. Por su parte, en vísperas electorales, Feijóo intentó suavizar la propia norma de su partido. De momento, en Galicia se sigue ofreciendo “la asistencia mediante los servicios de urgencias y algún que otro tratamiento”, reconocieron ayer los colectivos integrados en la plataforma gallega que lucha contra la aplicación de esta reforma. “Es tremendamente segregacionista por motivos raciales e implica un rechazo a la propia normativa estatal ya que impide el apoyo humanitario a los colectivos en riesgo de exclusión social”, denunciaron los representantes. En su opinión, la suavidad de la propuesta de Feijóo solo ocultaba un claro interés electoral. Si no fuera así, “las condiciones serían más sencillas y razonables y no esa dificultad del papeleo burocrático” que, en su opinión, será difícil de cumplir en el plazo de esos seis meses marcados.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, reconoció hace unos días que la reforma no pretende un ajuste económico, sino garantizar un mayor control y transparencia de la cobertura sanitaria en el sistema de salud financiado con fondos públicos.

Ayer, los representantes de la plataforma pidieron a la conselleira Mosquera que “de una vez por todas asuma las evidencias científicas de que los inmigrantes irregulares consumen menos recursos sanitarios que la media de los españoles. Y en el caso de los mayores de 65 años, el consumo sanitario de los sin papeles es tres veces menor que el de los ciudadanos españoles de la misma franja de edad.

“El gasto sanitario de los inmigrantes irregulares supone apenas el 0.4% de lo que no se cobra del fraude fiscal”, puntualiza el colectivo gallego que le pide una moratoria en el plazo de los seis meses a la consellería de Sanidade aunque teme que la norma, con las características gallegas, sea publicada esta misma semana en el DOG. Los colectivos que integran la plataforma gallega creen que la entrada en vigor de esta medida estatal es “el inicio de una contrarreforma privatizadora” que solo busca “restringir la atención sanitaria para favorecer seguros privados complementarios”. De momento, se felicitan por “el aumento” de la objeción de conciencia entre los sanitarios.