“Las prostitutas quedan absolutamente invisibilizadas”

Se quedaron fuera del sistema de salud hace justo un año, cuando un polémico decreto de la Xunta introdujo el requisito del empadronamiento como paso previo a la tarjeta médica. Y el programa anunciado la pasada semana por el Sergas, un apurado rescate para las 9.000 personas en situación irregular a las que, por decisión del gobierno de Mariano Rajoy, se les cerraban las puertas de la sanidad pública, vuelve a confirmar su expulsión. Mujeres que ejercen la prostitución, a menudo “nómadas” obligadas por las mafias a ir de un lugar a otro sin que el padrón lo refleje, o personas inmigrantes sin techo que tampoco se empadronan, no tendrán derecho a la asistencia gratuita que la Xunta extiende a los sin papeles con un mínimo de seis meses de residencia en Galicia. “El requisito las deja totalmente invisibilizadas”, advierte Nieves Turienzo, presidenta de la ONG Médicos do Mundo, que ayer se reunió con la secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, para ponerse al día sobre un programa que la Xunta y la organización no gubernamental desarrollan juntas contra la explotación sexual de inmigrantes.

 No hay remiendos que valgan porque las víctimas de la trata no suelen cumplir las exigencias marcadas por el Sergas para acceder a la tarjeta sanitaria. “A veces ni las dejan empadronarse, o no tienen documentación”, cuenta Ana Mateo, la coordinadora de la ONG. “El programa del Sergas es un parche, una vía de escape, pero no podemos regular por vías de escape. Tampoco estamos hablando de tanto dinero, los inmigrantes representan solo el 0,7% del gasto sanitario”, añade. Desde que el año pasado la propia Xunta impusiera la barrera de un tiempo mínimo en el padrón, Médicos do Mundo se ha topado con casos de mujeres que solo han sido atendidas después de “mucho esfuerzo y gracias a la buena voluntad del personal sanitario”; en algunas ocasiones, incluso se han quedado sin la atención requerida.

“Se aprueba una ley sobre la que después hay que hacer excepciones para volver a reconocer el acceso a la sanidad, y con un montón de diferencias entre comunidades que obliga a multitud de trámites”, se queja Turienzo de la marcha atrás de la Xunta. Sobre el turismo sanitario, tantas veces invocado por la conselleira de Sanidade, las responsables de la ONG responden que se trata “de una cuestión administrativa y de facturación entre países que no tiene nada que ver con el inmigrante norteafricano”.