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Los sin papeles necesitarán seis meses de padrón para tener médico gratis

El Sergas presenta un programa propio destinado a inmigrantes irregulares

La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, con el director de Innovación y al secretario de Sanidade.
La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, con el director de Innovación y al secretario de Sanidade.

Las tarjetas sanitarias que usaban los inmigrantes en situación irregular expiran hoy, por la vía forzosa del decreto aprobado en abril por el Gobierno de Rajoy, pero la Xunta se ha sacado de la manga un programa que garantiza la asistencia médica a este colectivo que la ley expulsa del sistema. Alberto Núñez Feijóo lo anunció el jueves tras la reunión de su gobierno, ya in extremis, a solo dos días de entrar en vigor la norma que deja a los sin papeles sin tarjeta y sin prestación. La solución que ha encontrado la Xunta —la primera y, hasta ahora, la única comunidad del PP en reprobar el decreto— es ofrecer a los inmigrantes seis meses de plazo para demostrarle a la Administración que no tienen recursos ni ningún tipo de seguro que obligue a un tercero —en este caso, el país de origen— a hacerse cargo de los gastos del médico. No será este el único requisito para acceder a la asistencia en idénticas condiciones a un asegurado. La Xunta exigirá un mínimo de seis meses de empadronamiento a la persona que solicite ingresar en esta nueva vía, bautizada como Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública. Los que no lleguen a ese mínimo, aun cuando no tengan recursos, solo podrán acudir a urgencias y acceder a la sanidad si son menores de edad o embarazadas, la misma asistencia raquítica que ya reservó el gobierno de Madrid para los todos los sin papeles.

Mosquera calcula que serán 9.000 las personas que se acogerán al plan

 La Xunta esperó hasta el último momento —con las elecciones autonómicas ya convocadas y las restricciones al derecho universal a punto de hacerse efectivas— para anunciar su plan. Según las explicaciones que ayer dio a los medios la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, el programa no es más que una consecuencia del decreto estatal, que ya prevé que las comunidades autónomas desarrollen medidas para atender a colectivos excluidos por la norma. “Galicia está cumpliendo estrictamente la normativa nacional”, alegó la conselleira, cuyo discurso apeló en numerosas ocasiones al “turismo sanitario”, nunca cuantificado por la Xunta más allá de ejemplos extravagantes de miembros de las “mafias rusas y colombianas” que, según la propia Mosquera, vienen a tratarse a Galicia. Con el ánimo de frenar estas situaciones de fraude, el Sergas asume que “hay que facturar todo lo que sea facturable”. Todo ciudadano que a partir de hoy pierda su condición de asegurado o beneficiario y acuda al médico, tendrá seis meses a partir de ese día para “regularizar” su situación, sea solicitando un documento nuevo si tiene derecho a él, acogiéndose a convenios especiales con los países de origen o, en último caso, solicitando entrar en el programa especial destinado a sin papeles. Si al término de este plazo el interesado no formaliza su acceso por una de estas vías, se le cobrará por la atención.

“Hay que facturar todo lo que sea facturable”, pide la conselleira

La letra pequeña todavía está a la espera de algunas concreciones que pueden facilitar o complicar la vida del inmigrante. La Consellería defiende que, para demostrar la carencia de recursos —se considerará a estos efectos una renta inferior al Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, fijado en 532,51 euros mensuales— el inmigrante en situación irregular tendrá que certificar esta situación en España y en su país de origen, algo no siempre fácil de acometer. Para ello, Mosquera solicita la colaboración de las ONG que trabajan con este colectivo vulnerable. “Estamos intentando ver qué se puede hacer, porque puede haber dificultades para conseguir estas acreditaciones”, admite Mosquera. La Conselleira defiende a capa y espada la exigencia del doble informe. “Para demostrar los ingresos se tendrá que acreditar no se tienen recursos ni aquí ni en el país de origen, porque tampoco parece lógico que si se tienen no se facture la asistencia que se presta en este país”, argumenta.

El Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública solo regirá en la comunidad gallega y de él se beneficiarán, según cálculos de la Xunta, “unas 9.000 personas”. De esas 9.000, la Xunta admite un número “sin precisar” de inmigrantes que tendrán que esperar el plazo de los seis meses para poder acceder a la sanidad pública con todas las consecuencias —con los mismos derechos que los titulares y beneficiarios de la tarjeta—, aun cuando no tengan recursos suficientes y lo acrediten. Mosquera asegura que se prestará siempre atención gratuita en casos de dolencias infecciosas, como la tuberculosis.

El Sergas ya ha enviado a los centros de salud y hospitales la instrucción para aplicar el programa a partir de hoy.

“No se cumple el acceso en igualdad”

DIANA MANDIÁ

“El parche”, dice Nieves Turienza, responsable de Médicos do Mundo en Galicia, “viene bien”, pero no evita “que se vuelvan a quedar fuera de la asistencia colectivos que ya lo estaban”. Esos colectivos, que la conselleira de Sanidade reconoce, son, además de sin papeles no empadronados o que no cumplen el mínimo de seis meses exigido, personas sin techo o que ejercen la prostitución, dos grupos a los que ya no llegaba la sanidad pública y que tampoco la tendrán ahora. Turienzo asegura que el objetivo de su organización es luchar “por una normativa completa a nivel estatal” que ampare a los sin papeles y ha criticado el recurso constante que hace la conselleira al fraude. “La excusa del turismo sanitario no puede ser lo que haga que personas sin recursos se queden sin acceso al médico”.

La portavoz de Médicos do Mundo hacía esta valoración a la salida de un encuentro con Antonio Fernández-Campa, secretario general de Sanidade, a la que también acudió el presidente de Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández. “Hay algo que sigue sin cumplirse, el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad. Todo lo que se pretenda hacer por parte de la Administración será incompleto”, critica Fernández. El requisito del empadronamiento y, sobre todo, de la documentación sobre los ingresos en el país de origen preocupa a los responsables del Foro, que apuestan por una acreditación firmada por “trabajadores sociales”. “No debemos cargar a la persona inmigrante con la prueba. Toda la documentación necesaria debería poder sacarse aquí”, demanda. De lo contrario, advierte, conseguir las acreditaciones puede convertirse en una peregrinación por consulados demasiado cara para el solicitante. Para la Central Unitaria de Traballadores (CUT), el programa, que tacha de “electoralista”, “ahonda en la segregación racial de la sanidad pública” y disimula “una auténtica catástrofe humanitaria”.