Banco Valencia espera vender sus activos al ‘banco malo’ por el 50% de su precio
La entidad quiere desprenderse de inmuebles valorados hasta ahora en 6.000 millones Confía en otra inyección pública de 3.000 millones, con lo que el Estado tendría el 99% de acciones
El futuro del Banco de Valencia, al igual que el de una parte importante del sistema financiero español, sigue siendo incierto, porque aún no se conoce con detalle de las exigencias que Bruselas impondrá al Gobierno para inyectar hasta 100.000 millones de euros con los que sanear las entidades. Los responsables del banco valenciano, intervenido en noviembre del año pasado por su situación de insolvencia, trabajan, sin embargo, con el escenario de evitar la liquidación y de ir superando etapas para conseguir que en el horizonte de un año la entidad pueda ser vendida a algún banco importante, según confirman fuentes del sector.
El primero de esos pasos es la venta de activos dañados, sobre todo inmobiliarios, al banco malo, la sociedad anónima con poderes extraordinarios que va a crear el Gobierno y que servirá como elemento principal para sanear los balances. La cuestión capital es qué precio estará dispuesto a pagar esta nueva sociedad por los activos a las entidades financieras, una decisión que, según el borrador remitido por el Ejecutivo a Bruselas, será competencia única del Banco de España.
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, que gestionan ahora el Banco de Valencia, esperan que la nueva sociedad le compre activos hasta ahora valorados en cerca de 6.000 millones de euros, y que pague por ellos en torno a 3.000 millones de euros. De este modo, aunque el descuento en el precio de los activos transmitidos variará en función de distintos parámetros —como el estado de la promoción inmobiliaria, la situación y la antigüedad de las viviendas—, la entidad valenciana confía en que la rebaja global sea del 50%.
Ese extremo es importante porque en el sector —al banco malo irán a parar activos no solo de las entidades intervenidas hasta ahora y seguramente no solo inmobiliarios— se barajaba que el descuento podía alcanzar el 65% del precio mantenido hasta ahora.
Algunos bancos están ofreciendo rebajas incluso más agresivas para quitarse de encima cuanto antes pisos adjudicados tras la imposibilidad de los promotores de hacer frente a las deudas que contrajeron para levantarlas. Pero el nivel de descuento que exija el banco malo es un arma de doble filo. Cuanto más barato compre los activos, más fácil es que efectivamente, tal y como asegura el Gobierno, la operación no acabe teniendo coste para el contribuyente o que, al menos este sea menor. Pero si la rebaja impuesta es excesiva puede generar un nuevo agujero en las cuentas de las entidades, que se verían obligadas a reclamar más ayudas públicas.
La hoja de ruta con la que trabaja el Banco de Valencia contempla, en todo caso, que tras la venta de los activos a esa nueva sociedad será necesaria otra inyección de dinero público de 3.000 millones de euros. Con ello, la participación del Estado en la entidad valenciana superaría el 99%, cuando ahora se mantiene en el 91%.
El proceso de saneamiento del banco se completaría, en este plan, con una reducción de oficinas y de puestos de trabajo. En una primera fase el cierre de oficinas podría rondar las 40, lo que supondría la salida de unos 200 trabajadores. Con ello, y con una reorientación hacia el negocio tradicional y de cercanía, el equipo del FROB que dirige el banco confía en que dentro de un año el banco sería vendible.
Las denuncias presentadas hasta ahora por la entidad contra el exconsejero delegado, Domingo Parra, el expresidente de la entidad, Aurelio Izquierdo, el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, y varios de sus familiares por supuestos delitos se ampliarán en los próximos meses, según las fuentes consultadas, alcanzando a otros antiguos miembros del consejo de administración.
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