La Xunta mantendrá la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy que Galicia continuará prestando asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes sin papeles que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas. Es la primera comunidad gobernada por el PP que manifiesta de manera tan explícita que mantendrá la atención a los sin papeles, en contra de la norma del Ministerio de Sanidad.

"Tanto en urgencias como en centros de salud", ha remarcado el mandatario en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que ha dado luz verde a un decreto que, previsiblemente, el viernes saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En la primera reunión ordinaria del Consello de la Xunta tras el verano, y tras la sesión extraordinaria de esta semana en la que se acordó el adelanto electoral, Núñez Feijóo ha insistido en que el rigor en las cuentas públicas "produce beneficios económicos y sociales" para los ciudadanos. La orden aprobada hoy por el Ejecutivo autonómico será publicada, previsiblemente mañana, en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en ella la Xunta establece los requisitos para que estas personas puedan tener acceso a la atención ordinaria tanto en urgencias como en centros de salud, aunque ha avanzado que deberan estar censados y que los ingresos no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El presidente gallego ha señalado que la Xunta "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal "que permite dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia". Estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "solo la puede dar el Ministerio".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, insistió ayer que tras las reformas en el Sistema Nacional de Salud la asistencia "se seguirá prestando para todo el que la necesite, pero el que no sea titular del derecho, es decir, el que no tenga tarjeta sanitaria, deberá abonar dicha asistencia, tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986".

Por otra parte, 115 profesionales sanitarios gallegos han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o sin papeles a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria. Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.