Tres años, seis meses y once días
El índice de paro casi se ha duplicado en el mandato de Feijóo mientras la Xunta se ponía a la cabeza de las políticas de ajuste del gasto público
A Manuel Fraga se le atribuyó el síndrome de la bicicleta, siempre necesitado de movimiento para no caerse. Los ciclistas, sin embargo, pueden apearse a voluntad. Su heredero conservador en la presidencia gallega, Alberto Núñez Feijóo, tiene el síndrome del surfista. Necesita estar en la cresta de la ola para no acabar descabalgado. Feijóo se subió después de que su antecesor, el socialista Emilio Pérez Touriño, pasara hace cuatro años el mismo verano de dudas, consejos y presiones sobre si adelantar las elecciones para evitar los efectos de la entonces incipiente crisis, o agotar la legislatura. Touriño, que gobernaba en coalición con los nacionalistas, argumentó que los intereses de Galicia estaban por encima y perdió —en realidad perdieron sus socios— el diputado que daba la mayoría.
Hay dos consensos sobre la victoria del PP de Galicia. Uno, que salvó por la campana a un Mariano Rajoy a punto de ser defenestrado por su partido. El otro, que constituyó el primer ejemplo de lo que unos llamaron campaña sucia y otros, empleo de la táctica “no pienses en un elefante”. Al bipartito, el PP les reprochó gastos suntuarios que hoy harían sonreír, como la remodelación de un despacho y compra de sillas, y la sustitución de coches oficiales, por mucho que el propio Feijóo viajase en uno de ellos en su etapa de vicepresidente de Fraga.
Dentro del capítulo de promesas serias, Feijóo aseguró que en 45 días presentaría un plan para recuperar empleo, anularía el concurso eólico recientemente adjudicado, eliminaría las trabas que el bipartito ponía a las piscifactorías y, sobre todo, acabaría con la imposición del idioma gallego, que, según habían alertado oportunamente al PP algunos colectivos, se pretendía hacer aprovechando la normativa aprobada por consenso en tiempos de Fraga. También tendría remedio otro de los problemas recurrentes, el de los incendios forestales. El bipartito había tenido en 2006 un verano de fuego y muerte, con cuatro fallecidos. “Con nosotros no había muertos”, dijo con naturalidad Feijóo.
Grandes proyectos como el desarrollo eólico se han quedado en nada
A la hora de hacer balance de todo aquello hay paro, claro. Mucho. El mayor de la historia de Galicia, del 12,4% en aquel marzo electoral de 2009 se ha llegado al 21,1% el pasado febrero, según la Encuesta de Población Activa. A partir de 2009, Galicia ha perdido el diferencial positivo de crecimiento del PIB que tuvo entre 2005 y 2008. El concurso eólico, efectivamente, se anuló, y se realizó uno nuevo. El problema es que entre una cosa y otra, el Gobierno central decidió dejar de subvencionar a las energías renovables, y los recursos interpuestos por algunos concesionarios beneficiados en el primer reparto prosperaron. Hace pocos días, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinó que la anulación del primer decreto fue ilegal. Las concesiones nunca se pusieron en marcha. Y estamos hablando, o eso se dijo, de una inversión de 6.000 millones de euros y de 13.000 puestos de trabajo.
Tampoco se ha instalado ninguna piscifactoría, pero lo de la enseñanza en gallego sí dio que hablar. Una reforma que provocó ríos de tinta, pronunciamientos y grandes manifestaciones, encuestas a los padres cuyos resultados nunca se hicieron públicos, el triturado de cientos de miles de libros de texto porque explicaban que dos y dos eran cuatro en gallego y un decreto que no contentó ni a unos ni a otros. También hubo incendios, dependiendo del calor y de las lluvias. Y, desgraciadamente, hubo muertos.
Del gobernante Fraga se ha pasado al papel de mero administrador
A lo largo de esta legislatura, que cumplirá el 21-O tres años, seis meses y once días, Feijóo ha ido sacando conejos de la chistera. Además del eólico, en las municipales lanzó el globo de un complejo industrial en Ourense para producir un coche eléctrico, una inversión que crearía 1.030 puestos directos, y que acabó pinchando. A primeros de año, anunció también un plan que, con una dotación de 30 millones de euros, crearía nada más y nada menos que 44.000 empleos. Tampoco ha pasado de los titulares a la realidad. El último unicornio es un contrato con la petrolera mexicana Pemex para construir unos remolcadores. En lo político, el logro prometido —además de atender el clamor popular de reducir el número de diputados, finalmente desatendido por el adelanto electoral— fue el de fusionar dos ayuntamientos de 5.500 habitantes (entre los dos), proceso que ni se ha iniciado.
En el capítulo de lo positivo, PP y PSdeG aprobaron una reforma de la ley de los medios públicos similar a la que regía en RTVE antes de que la cambiara el PP (aunque todavía no la han aplicado). Feijóo logró evitar la emigración de las dos cajas, y fusionarlas, aunque no asegurar su futuro, obviamente. Y las cuentas de la Xunta arrojan mejores resultados que la mayoría de las comunidades autónomas, aunque sea mediante usos como decretar años contables de siete meses, y aunque esa austeridad no sirva a funcionarios o dependientes para librarse de los mismos recortes aplicados en los territorios donde se despilfarra.
Posiblemente en Madrid, en cuyos medios se prodiga, Feijóo haya ganado puntos con su aspecto de joven obsequioso y eficaz ejecutivo sobre el atrabiliario, un tanto tosco y menos dúctil Fraga Iribarne. En Galicia es al revés. Ha bajado el nivel de gobernante al de mero administrador. Sus alcaldes no están precisamente contentos por la austeridad. Además, tampoco es que sean suyos. A pesar de sus intentos, el PP de Ourense sigue siendo del PP de Ourense, es decir de los Baltar y no suyo. Excepto en A Coruña, donde el mérito es del presidente provincial y alcalde coruñés, Carlos Negreira, en Pontevedra y Lugo no ha logrado nuevas conquistas.
Con ese panorama, o más bien, con esa falta de panorama, ¿para qué esperar seis meses más?
Adiós a la investigación de las cajas
Con la disolución hoy del Parlamento, quedan enterrados varios trabajos y textos legislativos promovidos por el PP y la Xunta. Con tan solo cinco días de vida, se desactiva la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros. El PP, en un gesto ante las protestas de las víctimas de preferentes, decidió ponerla en marcha el pasado miércoles, pese a que la posibilidad de un adelanto electoral ya estaba encima de la mesa.
También enterrado queda el proyecto promovido para modificar la ley gallega de cajas y la gestión de la obra social de las antiguas entidades de ahorro. Aprobada inicialmente en el último pleno, el 2 de agosto, estaba abierto el plazo de enmiendas para un texto que ahora decae y queda sin vigencia alguna. Igualmente, desaparecen otros cinco proyectos de ley del Gobierno. Tres de estas iniciativas, hasta ahora en trámite, pretendían ser de especial incidencia ya que con ellas la Xunta intentaba un cambio del sistema productivo, como son los textos para el fomento de la investigación y la innovación, el de impulso de las infraestructuras de telecomunicaciones y el de reforma del sistema universitario.
Además de la abortada reforma de la ley electoral, que no llegó a presentarse formalmente, se aplaza el desarrollo de la nueva ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Está en vigor, pero los grupos parlamentarios aún negociaban un plan marco para constituir la corporación de los medios públicos con nuevos criterios. La designación, por primera vez, del director general de CRTVG por una mayoría cualificada del Parlamento todavía deberá esperar.
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