Paralizadas 3.500 viviendas para jóvenes

Las 3.500 casas incluidas en el Plan Joven que el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) y el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja tenían previsto construir en el paraje de Valdeguerra siguen en el limbo. Han pasado más de siete años desde que la Comunidad pagara 18,75 millones de euros por unos terrenos que hoy siguen siendo rústicos. Y las viviendas paralizadas después de que la dirección general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio devolviera en junio de 2009 un plan general que reclasificaba nueve millones de metros cuadrados para construir en una primera fase unas 12.000 viviendas, de las que 3.500 eran para jóvenes.

La Comunidad (PP) borra de esta forma con una mano lo que escribe con la otra. Fue en julio de 2006 cuando rechazó por primera vez la promoción del IVIMA y de la constructora Fadesa, ahora integrada en Martinsa. Sin embargo, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (PP) no ha abandonado su intención de reclasificar los terrenos. Por eso ha aprobado definitivamente el plan general, que remitió a la Comunidad que ahora tiene en su tejado la pelota.

Este crecimiento del parque de viviendas habría supuesto multiplicar por cuatro los 8.378 habitantes de este municipio del sur de la región. El informe de la Comunidad —que niega ese aumento y enmienda la intención del Ayuntamiento— sugiere un replanteamiento del crecimiento previsto para que se tenga en cuenta la población actual y las previsiones socioeconómicas, “con el fin de asegurar un uso racional y prudente de los recursos naturales”, alega. El Gobierno regional también considera necesario, según el informe, que el Consistorio limite la ocupación del territorio ya que Valdeguerra y sus inmediaciones gozan de protección paisajística, al mismo tiempo que es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Fue el 8 de marzo de 2006 cuando el entonces consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía y la exalcaldesa de Colmenar de Oreja María Pilar Algovia hacían pública la compra de los terrenos, que convertirían al municipio en el cuarto con más viviendas para jóvenes, después de Madrid, Brunete y Móstoles. La nota de prensa difundida por la Comunidad lanzaba las campanas al vuelo, asegurando que los inquilinos pagarían “una renta de 368 euros mensuales durante siete años”. Fue precisamente Zabía quien un año antes acordó la compra por parte del IVIMA a la Comunidad de unos 200.000 metros cuadrados de suelo a un precio medio de 92,55 euros el metro cuadrado. Una cantidad muy superior a lo que pagó la promotora Fadesa meses antes al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja por 148 hectáreas en Valdeguerra: 29 euros el metro cuadrado, casi un tercio menos de lo abonado por la Comunidad. Zabía defendió en la Asamblea la compra destacando que al menos tres informes aseguraban que el precio de mercado superaba los 90 euros. Pese al importante desembolso no se ha puesto ni un solo ladrillo.

Desde 2005, Martinsa-Fadesa ha abonado unos 30 millones por los terrenos, según la oposición, que denuncia que el Ayuntamiento haya acordado que la promotora pueda aplazar sus pagos hasta 2016, el año en el que tendrá que abonar los últimos 16 millones.

La Comunidad asegura que en este ejercicio de 2012 promueve unas 10.000 viviendas protegidas en diferentes fases. El viceconsejero de Vivienda, Alejandro Halffter, destacó que la promotora pública regional gestiona un parque de 42.000 inmuebles en los que residen unas 100.000 personas. El PSM critica este plan. Según el diputado regional, Antonio Fernández Gordillo, “es un buen ejemplo de la política urbanística que está en el origen de la crisis de hoy. Y sorprende que en 2009 la Comunidad devolviera el plan al considerarlo insostenible cuando había comprado los terrenos cuatro años antes”.

El informe de Evaluación Ambiental sobre Valdeguerra también llama la atención en el hecho de que esta promoción se encuentre a unos 13 kilómetros del casco urbano de Colmenar de Oreja, y se encuentra pegado al PAU de La Montaña, en el colindante municipio de Aranjuez: “Se entiende imprescindible la consideración global de la necesidad de los crecimientos de Colmenar de Oreja y de Aranjuez, y que estos se coordinen y se gradúen en el tiempo”, pide el informe. Esto significa que la Comunidad trató de poner freno a la construcción de 22.000 viviendas entre las promociones de Valdeguerra, Puente Largo y la Montaña. En este último caso, la promotora era también Fadesa, que resultó adjudicataria junto a la firma Comar Inversiones del casino de Aranjuez. El encargado en el Gobierno regional de realizar los pliegos de la adjudicación del casino fue el que años después sería alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado en el caso Gürtel. Tanto en el caso de Valdeguerra como en el de La Montaña, Fadesa adjudicó la sectorización de ambas promociones a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cobró 12 millones de euros por intermediar.