Un transatlántico de la ciencia choca con la Comunidad

Como un transatlántico encallado. Así permanece el edificio levantado sobre las ruinas de un antiguo pabellón para tuberculosos del hospital de Cantoblanco (Madrid), con un presupuesto final de 10,5 millones de euros. No hay certeza de su uso futuro, pero en 2008, cuando las obras se iniciaron, el proyecto era claro: la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid había cedido este espacio de titularidad pública al centro de investigación IMDEA-Ciencias Sociales (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados) para que albergara su sede, con una concesión de 50 años.

El IMDEA fue el embrión de un proyecto que arrancó en 2006, al que después se sumaron otros siete centros de distintas ramas científicas. Su diseño institucional, explica Clara Eugenia Núñez, ex directora general de Universidades y de Investigación de la Comunidad de Madrid, quien lo puso en marcha, perseguía independencia de las presiones de la comunidad académica local, así como de los políticos.

Durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre, continúa Núñez, el apoyo a IMDEA-CS fue claro. El primer indicio de oposición evidente lo protagonizó la nueva consejera de Educación, Lucía Figar, en 2008, cuando no firmó el pago de los fondos ya aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 1.500.000 euros. “Le hice ver que no era pertinente y que, además, carecía de cobertura legal. No obstante lo hizo”, puntualiza Núñez.

En mayo de 2011 —pocos meses antes de que el edificio fuera finalizado en diciembre—, Lucía Figar propuso al Patronato un cambio de plan repentino. Figar quería ubicar IMDEA-CS en el mercado Puerta de Toledo, futuro campus de la Universidad Carlos III. Los patronos —académicos de reputación internacional, con la excepción de tres representantes políticos— pidieron unánimemente un informe que razonara la propuesta y que explicara las consecuencias legales. Pero nunca lo recibieron. A partir de ahí, todo estalló. La consejería no pasó al centro la subvención correspondiente a 2011 de 1.825.000 euros, aprobada en Ley de Presupuestos por la Asamblea de la Comunidad y por el Consejo de Gobierno. Pedía que el instituto cediera el edificio; quería la cabeza de la dirección a cambio del desbloqueo del dinero.

En enero de 2012 llegó el envite final. En una reunión extraordinaria del Patronato, la consejería quiso introducir un nuevo punto en el orden del día para la renovación de cargos fuera del plazo de, al menos, 48 horas de antelación establecido por los estatutos. Siete de los 14 patronos, entre presentes y representados, abandonaron la reunión mostrando así su rechazo al incumplimiento de la normativa. La votación para destituir a la dirección se produjo sin el quórum necesario y con un voto que no se había delegado para el nuevo orden, por lo que varios de los patronos han presentado un recurso de nulidad ante los tribunales. Además, se impugna la concesión de plenos poderes al director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, Jon Juaristi, que según los patronos consultados ha posibilitado el cierre efectivo del centro sin intervención o control del Patronato.

Ángel de la Fuente, científico titular del Instituto de Análisis Económico del CSIC, teme que aunque el juicio les sea favorable “el daño ya está hecho”, ya que el centro “está desmontado”. “Políticos que no han sido elegidos en las urnas entraron como un bulldozer. Es inconcebible en una sociedad democrática”, concluye Mauro Guillén, patrono y director del Lauder Institute de Dirección de Empresa y Estudios Internacionales de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

En referencia a la votación, John Coatsworth, patrono y rector académico de la Universidad de Columbia, lamenta: “Se trató de un golpe tipo latinoamericano. Es una tragedia que no se justifica en términos académicos, solo políticos”. Coatsworth añade que, en contraste con lo que hicieron sus predecesores, Figar no acudió a las reuniones del Patronato, “hasta que quiso tomar la concesión del edificio”.

En un correo electrónico enviado a este periódico, la consejería señala que los ceses observaron la normativa, “ya que existió el quórum necesario cuando se constituyó la reunión”, y declara que se justifican por la “pérdida de confianza” en la antigua dirección. Por lo mismo también defiende que se cortara la subvención de 2011, sobre cuyo uso no da explicaciones.

Michele Boldrin, catedrático de Economía en la Washington University en San Luis, y también patrono del instituto, votó a favor del cese. Boldrin alega que la dirección no había realizado un buen trabajo y que no había cooperado con el Patronato como correspondía.

La reunión del Patronato de junio no se ha efectuado. Entre febrero y marzo, el personal de la administración y los investigadores fueron informados del cierre del centro. Después, sucesivas inyecciones de dinero han permitido que siga “nominalmente abierto”, pero “en el limbo”, como expresa Guillén. Los investigadores, de primer orden mundial, han debido recolocarse en distintas instituciones españolas y extranjeras. Solo queda una persona actualmente en nómina. Sin embargo, la consejería reitera: “No está planteado el cierre del instituto, que podrá continuar o incrementar su actividad si el resto de patronos logra aportaciones por su cuenta”. Y agrega que va a mantener su sede futura en el edificio reformado de Cantoblanco. Timothy Kehoe, catedrático de Economía de la Universidad de Minnesota, recalca: “Cerrar IMDEA-CS fue una vergüenza. Nuestros investigadores estaban ganando más concursos internacionales de investigación que algunos prestigiosos departamentos universitarios que son mucho más grandes”.