Educación apela a la libertad para subvencionar centros sexistas

“Yo creo en la libertad de elección por parte de las familias y creo en un régimen democrático donde las familias participen en los modelos educativos de sus hijos”. Con esta declaración exponía ayer Jesús Vázquez, conselleiro de Educación e Cultura, la postura de su departamento ante la posibilidad de suprimir las ayudas públicas a los colegios privados que segregan al alumnado por cuestión de sexo. El popular obvió que las sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Supremo (TS), que prohíben las subvenciones a dos centros de esta orientación religiosa en Cantabria y Andalucía, no impiden en forma alguna que estos colegios sigan funcionando de manera autónoma.

En Galicia hay cinco centros educativos segregacionistas y tanto la CIG como los dos grupos de la oposición cuantificaron el gasto público que suponen las ayudas en tres millones de euros al año. La Xunta, por su parte, lleva desde el miércoles sin ofrecer cifras oficiales.

Preguntado por el ahorro que Educación podría lograr aprovechando las sentencias del TS para anular los conciertos con estos cinco centros, el conselleiro se limitó a referir los tres fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avalaron la orden en su día, “el último en febrero de este año”, recordó. Los fallos respondían a tres recursos presentados ante el tribunal gallego por los sindicatos CIG, CC OO y UGT, en los que reclamaban rescindir los conciertos con los colegios segregacionistas. El ejecutivo de Feijoo recuperó estas ayudas tras su llegada a San Caetano, pues el anterior gobierno bipartito las había eliminado al final de su legislatura.

Vázquez obviaba así que el Tribunal Supremo es una instancia más alta que los tribunales superiores de cada comunidad autónoma. De hecho, los recursos de los sindicatos desestimados por el TSXG se encuentran actualmente a la espera de una nueva sentencia del Supremo y los sindicatos confían que sea en el mismo sentido que las de Cantabria y Andalucía.

Por otro lado, el conselleiro reconoció que Educación tiene “la obligación” de analizar la sentencia del TS y no descartó que pudiese implicar cambios en los conciertos, “pero partiendo de un análisis serio y riguroso” y sin caer en una “politización” como, asegura, pretenden los sindicatos y la oposición.