El Consejo de Garantías avala los despidos en el sector público

El Gobierno catalán ya cuenta con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias para iniciar su oleada de despidos en la Administración. El órgano consultivo de la Generalitat considera que los preceptos introducidos por la reforma laboral para despedir a empleados públicos no son inconstitucionales ni invaden competencias autonómicas, como intentó demostrar el PSC cuando instó al consejo a elaborar un dictamen al respecto.

El texto asegura que los apartados analizados “no son contrarios a la Constitución” y que, como mucho, existe “un defecto de técnica legislativa”. Los socialistas reclamaron un análisis de los apartados referentes a convenios colectivos, al despido colectivo y a la aplicación de este por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público.

Justo este último punto es el que afectaba al interés de la Generalitat, que prevé reducir su plantilla con el argumento de la difícil situación por la que atraviesan las arcas públicas. Algunos organismos autonómicos, como el Incasòl, ya habían iniciado procesos para reducir sus plantillas, si bien en algunos casos las denuncias ante los tribunales de los trabajadores despedidos habían obligado a su readmisión tras considerar que al depender de presupuestos públicos no había motivos económicos para despedir a empleados.

En cambio, la reforma laboral abría al Gobierno catalán una nueva vía para reemprender la senda de los despidos, como recientemente ha admitido la vicepresidenta del Ejecutivo, Joana Ortega. Según la reforma laboral, una Administración puede utilizar este argumento siempre que se produzca "una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes", lo que se tendría que prolongar durante tres trimestres consecutivos.

Asimismo, se considera que los trabajadores con contrato tendrán prioridad para mantener el empleo. El PSC consideraba que la reforma laboral discriminaba al funcionario laboral respecto al funcionario, argumento que ha tumbado el Consejo de Garantías al considerar que ambos grupos cuentan con dos estatutos jurídicos diferentes.