Fernández cede ante las preguntas de la comisión de investigación
El exconsejero de Empleo andaluz entre 2004 y 2010 defiende la legalidad de las partidas presupuestarias
Finalmente, Antonio Fernández está respondiendo a las preguntas de Izquierda Unida. Al principio de su alegato, en la comisión de investigación del Parlamento andaluz, el exconsejero de Empleo esgrimió los mismos argumentos que los otros siete imputados para negarse a declarar ante la comisión. "Declarar supone una lesión efectiva de mi derecho de defensa al no desarrollarse en sede judicial".
La comisión de investigación parlamentaria de los ERE ha citado al exconsejero de Empleo andaluz entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, en libertad desde el pasado 10 de agosto tras pagar una fianza de 450.000 euros. El ex alto cargo estuvo casi cuatro meses en prisión por orden de la juez instructora el caso, Mercedes Alaya.
En su intervención, Fernández ha defendido la legalidad del convenio de 2001 basándose en que la partida presupuestaria 31L fue aprobada por el Parlamento. Nunca se le rebatió en la Cámara "ni tuve cuestionamiento de su legalidad en seis años", aclara el exconsejero.
La juez Alaya acusa al exconsejero de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional, además de imputarle por cohecho al acogerse a un ERE en la empresa bodequera en la que trabajó, un expediente que aprobó él mismo. La magistrada también acusa al exconsejero de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos, delitos continuados).
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