Rivera defiende ante la comisión su investigación interna en Empleo

El ex director general de Trabajo Daniel Rivera ha defendido su labor de investigación para descubrir los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) y las irregularidades durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento sobre los ERE. “No existe ninguna persona intrusa o con irregularidades administrativas que no haya sido descubierta por Empleo. El juzgado no ha descubierto ni uno”, ha presumido Rivera sobre su labor durante el pasado invierno. El ex alto cargo hasta el pasado junio está imputado por cuatro delitos en la causa judicial, motivo que ha alegado para no responder a los diputados. Tras Juan Márquez, Rivera es el séptimo compareciente que se niega a declarar ante el Parlamento.

Tras su negativa a responder a la comisión, tanto el PP como IU han apelado a su “responsabilidad política” para lograr que conteste a sus preguntas. Sin éxito.

Durante su comparecencia en el juzgado, Rivera admitió tener responsabilidades políticas y no penales, y hoy ha aclarado que considera que esa responsabilidad política proviene de haber depositado su confianza en ciertos subordinados que posiblemente no fueron merecedores de ella. “Si se puede demostrar mi inocencia, las acusaciones caerán por su propio peso”, ha dicho Rivera. Este ha lamentado que los parlamentarios no hayan tenido en cuenta el informe de gestión sobre su etapa en Empleo que ha entregado al Juzgado de Instrucción 6 que investiga el caso.

El PP ha atacado a Rivera y le ha acusado de mantener el mismo sistema de pagos instaurado para conceder las ayudas que sus predecesores en el cargo. “Usted mantuvo el sistema opaco de pagos”, le ha acusado el diputado Rafael Carmona, que le ha preguntado si recibió instrucciones del diputado José Antonio Viera, exconsejero de Empleo pero alejado de la consejería desde que dejó el departamento en 2004. La diputada de IU Alba Doblas le ha recriminado que no reaccionara ante los avisos de ciertas irregularidades que detectaron al llegar a la consejería en 2010. “¿Justifica el fin los medios señor Rivera?”, le ha preguntado.

Ante las duras acusaciones del PP, Rivera ha contraatacado y ha mencionado el ejemplo de un alcalde de Málaga condenado por sentencia y que el PP mantiene en el cargo, en referencia al alcalde de Alhaurín de la Torre, Juan Martín Serón. “Estoy un poco alucinado con las acusaciones”, afirmó Rivera respecto al interrogatorio del PP.

Mientras, el PSOE ha reclamado a la presidencia que vuelva a pedir al Gobierno central la documentación pertinente sobre el expediente de la Faja Pirítica, petición que el presidente ya ha reclamado por tercera vez al Ejecutivo.

El ex director general de Trabajo Juan Márquez, el primero en declarar este jueves en la comisión, ha alegado esta mañana que durante los dos años que estuvo al frente de su departamento (2008-2010) y en los que concedió 154 millones en ayudas públicas nunca cometió una ilegalidad. “No he cobrado ni un solo euro más allá de mi sueldo y tampoco tuve conocimiento de que nadie se hubiera lucrado”, explicó ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz.

La juez Mercedes Alaya acusa a Márquez de cuatro delitos: malversación, prevaricación activa y omisiva, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delito, todos ellos continuados. Márquez concedió 42 millones en ayudas a través de ERE y directas a empresas desde que fue nombrado por el exconsejero Manuel Recio hasta su relevo hace un par de meses.

Márquez ha rechazado contestar a las preguntas de los diputados y se convierte así en el sexto compareciente que declina aclarar el escándalo. La Cámara sigue esperando después de dos días respuestas que arrojen luz, ya que hasta ahora todos han alegado que existe un procedimiento judicial paralelo y que la declaración perjudicaría su defensa.

La diputada de Izquierda Unida ha apelado a su sentido de la responsabilidad como político que ha sido durante años (Márquez también fue alcalde de su pueblo, Lucena del Puerto), pero ha sido en vano: “Cuando se busca la transparencia es necesario un esfuerzo y la actitud de omisión no se puede justificar. Está dejando por los suelos la institución que representa ante la opinión pública. Se lo pido profesionalmente. Es necesario. Se lo pido en nombre de IU y de todos los ciudadanos”. El presidente de la comisión, Ignacio García, le ha preguntado si quería añadir algo y Márquez ha negado con la cabeza.

La intervención de Márquez ha durado unos 45 minutos acaparados por la lectura de las preguntas por parte de IU y PP. El diputado popular Rafael Salas le ha recordado que el fondo para empresas en crisis se había convertido en un “agujero negro”, además de mentarle el informe del despacho Garrigues que Márquez recibió y que censuraba el procedimiento del fondo “de manera brutal”, según Salas.

El PP ha reseñado que muchas de las ayudas fueron destinadas a familiares y amigos del PSOE, además de preguntarle si ordenó reconstruir informes de expedientes para darle apariencia de formalidad. Solo personal de confianza del director general de Trabajo (y nunca funcionarios) estuvieron al cargo de la tramitación de expedientes, una circunstancia que ya resaltó el ex jefe de servicio en Trabajo y funcionario Antonio Diz-Lois el pasado martes en su comparecencia.