Educación subvencionará centros sexistas pese al fallo del Supremo

Los cinco colegios gallegos que segregan al alumnado por razón de sexo podrían tener que dejar de hacerlo si desean seguir siendo concertados. Es lo que se desprende de de las dos sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Supremo (TS), referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, en las que se les excluye directamente de “la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Sin embargo, la Consellería de Educación declaró ayer que su propósito es seguir manteniendo los con ciertos y se agarra a dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avalaron la concesión de dinero público a esas escuelas de orientación religiosa.

El Alto Tribunal argumenta que estas ayudas son incompatibles con la Ley Orgánica de Educación (LOE) —aprobada por el anterior Gobierno en 2006—, pues según la ley, no podrá existir “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición” a la hora de admitir alumnos. La mayoría de estos colegios está vinculada a la orden religiosa del Opus Dei.

En Galicia hay cinco centros educativos que segregan al alumnado en función de su sexo: el Peñarredonda y el Montespiño, en A Coruña, y Las Acacias, Montecastelo y Aloya, en Vigo. Según cálculos de la CIG, estos centros reciben alrededor de tres millones de euros al año a través de los conciertos con la Consellería de Educación. La consellería, preguntada por este periódico, no quiso dar cifras al respecto.

Los tres grandes sindicatos educativos que operan en Galicia, UGT, CC OOy la CIG, pronto se lanzaron a aplaudir la decisión del Supremo. Cuando el Partido Popular recuperó la Xunta en 2009, rápidamente tumbó una de las últimas decisiones del Gobierno bipartito: dejar sin subvenciones públicas a los centros que segregan por razón de sexo —también fue ese Gobierno el que firmo los últimos conciertos—. La medida no llegó a entrar en vigor y estos colegios nunca vieron interrumpidas las ayudas públcas que reciben de la Administración. Las tres centrales sindicales, ante la decisión de la Xunta de seguir subvencionando estos centros, presentaron entonces sendos recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los recursos fueron desestimados, tras lo que se dirigieron a la siguiente instancia judicial, el Tribunal Supremo. La CIG lo hizo directamente y UGT a través de su organización federal.

Pero la Consellería de Educación optó ayer por hacer oídos sordos a las sentencias del Tribunal Supremo. Un portavoz de ese departamento se limitó a afirmar que los fallos del TS se refieren a dos casos concretos de otras comunidades y apeló a la anterior sentencia del TSXG para explicar que la Xunta seguirá manteniendo los actuales conciertos. Aun así, Educación afirma que con el objetivo de "cumplir con la legalidad", ha ordenado a su servicio jurídico que "analice al detalle" la reciente sentencia del TS para "comprobar la posible incidencia en los centros educativos gallegos".

El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, instó a la Xunta a cancelarlos este mismo curso y destinar el dinero a la enseñanza pública, que “está padeciendo todo tipo de recortes”. UGT también reclamó a la Xunta que corrija la “injusticia” cuanto antes. Desde CCOO destacaron que, gracias a estas sentencias, se unificarán los criterios en todo el Estado, pues los diferentes fallos de los tribunales superiores de las comunidades divergían en cuanto a la interpretación de la ley.