El principal acusado en el caso de los ERE ataca al Gobierno andaluz

El ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero, en prisión preventiva por el caso de los ERE, echó ayer balones fuera. En una breve intervención achacó su irregular gestión del fondo para empresas en crisis (dotado con 647 millones) a los Gobiernos de la Junta, sus servicios jurídicos, la Intervención General, los representantes de los empresarios y sindicatos, y los partidos políticos que aprobaron la millonaria partida 31L. Es decir, responsabilizó a todos los agentes que aprobaron el fondo año tras año durante una década (1999-2008) y se presentó a sí mismo como un simple brazo ejecutor de una partida que terminó costando 1.217 millones de euros a las arcas públicas. “Muchos no imputados pueden resolver sus dudas. Suerte con ello”, deseó a los diputados antes de despedirse de ellos uno por uno con una sonrisa.

 “Nadie, absolutamente nadie me dijo que realizara mis funciones de forma distinta a la que me instruyeron y que nadie cambió cuando me fui (...) Todos y cada uno de ellos han tenido conocimiento de mi trabajo”, manifestó ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Guerrero está en la cárcel acusado de seis delitos, entre ellos, cohecho y malversación, y ayer acudió dispuesto a escenificar una defensa escueta y muy clara, aunque sin responder a las preguntas de los diputados. Media barba, gafas y camisa blanca, traje oscuro y corbata negra. Después de cinco meses en prisión, Guerrero está más delgado y denota cierta palidez, aunque mantiene su buen humor habitual.

Hasta ahora ninguno de los cinco comparecientes (de un total de 25) ante la comisión de los ERE ha respondido a las preguntas de los diputados y todos se han limitado a leer sus alegatos de defensa salvo un par de aclaraciones puntuales.

El principal imputado del caso zanjó ayer las especulaciones sobre la trascendencia de su testimonio y ante los habituales ataques del PP contra la cúpula de la Junta y el PSOE sobre posibles acuerdos para derivar responsabilidades del fraude. “No tengo ningún pacto de silencio con nadie (...) nadie de anteriores gobiernos de la Junta me habla desde que saltó este tema [hace año y medio]. Siempre he sido un gestor y nunca he pertenecido al aparato de ningún partido”, manifestó en referencia al PSOE.

Guerrero está acusado de conceder 647 millones en ayudas públicas de manera arbitraria, además de favorecer a amigos y familiares con pólizas de empresas pese a que estas personas nunca trabajaron en las compañías, según ha denunciado la Guardia Civil. Ayer, tanto IU como PP le formularon alrededor de un centenar de preguntas sobre estas pólizas irregulares, las órdenes de sus superiores en la Consejería de Empleo y si existía un criterio para conceder estas subvenciones directas a empresas y a los ERE. Cuando la parlamentaria popular Teresa Ruiz le preguntó si recordaba que la Consejería decidió fraccionar los pagos a la empresa Pickman para recibir sus ayudas sin pasar por el Consejo de Gobierno, Guerrero le interrumpió: “Gozo de buena memoria”. A continuación, el PSOE formuló de manera oral tres de sus 41 preguntas, entre ellas si Guerrero fue director general de Trabajo de 1999 a 2008.

“He sido un gestor público desde los 20 años y es a lo único a lo que me he dedicado”, concluyó su alegato Guerrero, que solo realizó muecas ante las preguntas, pero no ofreció respuestas antes de regresar a prisión. Nada nuevo que no estuviera incluido en su extensa declaración de tres días ante la juez del caso, Mercedes Alaya, el pasado marzo.

Por la mañana compareció el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado por cohecho, que también evitó responder a la comisión y solo leyó un breve comunicado. “No tenía competencias ni en pólizas, ni en ayudas sociolaborales, ni en ayudas a empresas. Todos los ERE fueron legales”, manifestó Rivas. El exdelegado defendió que la tramitación de los ERE incluyó a todos los trabajadores de cada empresa, al margen de que luego se autorizaran pólizas individuales que fueron agrupadas junto a las de empresas ajenas, para así poder proceder al pago por parte de las aseguradoras. Rivas aclaró que él paga su abogado de su bolsillo y no el PSOE, como insinuó el PP.