Galicia se juega su pesca artesanal
Consenso inédito de Xunta, PSdeG y BNG en apoyo de un sector que emplea al 3% de los gallegos La UE ofrece 6.500 millones a cambio de sacrificios
Pescar menos ahora para pescar más luego, dejar de tirar muertos al mar los peces capturados por error, permitir a los pescadores venderse entre ellos cuotas de pesca e implicar a las comunidades pesqueras locales en la toma de decisiones. Son las principales apuestas de la Comisión Europea para la gran reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que, tras sus últimos debates el próximo otoño, estará en vigor hasta 2020. De sus matices finales dependerá que la pesca en Galicia siga existiendo como la conocemos.
Los nuevos objetivos, con los que en principio están de acuerdo Estados, pescadores y ecologistas, tienen sus matices y requerirán sacrificios, que la UE quiere compensar con 6.500 millones de euros. Para que los cambios sean más llevaderos para Galicia, Xunta y partidos políticos están embarcados en un tira y afloja de alegaciones, presiones y negociaciones entre ellos, en el Parlamento Europeo, con los Estados y con la Comisión.
Si en algo hay consenso en Galicia es en que “hoy la pesca en las aguas europeas no es la misma que en los años 80”, destaca la Consellería do Mar. Sin embargo, la capacidad legal de pesca de cada Estado de la UE con respecto al total sigue siendo la misma. Es lo que se denomina “principio de estabilidad relativa”, que pese a la protesta de España y la amenaza, tal vez baza negociadora, de Feijóo de acudir a la Justicia, nadie cree que vaya a variar por las presiones de otros Estados. Perdida esa guerra, Xunta, PSdeG y BNG intentan ganar alguna batalla.
Las tres corrientes políticas coinciden también en la necesidad de apoyar la pesca artesanal o costera. Aunque difieren en su definición, lo que hay detrás son 4.500 de los cerca de 5.000 barcos gallegos, el grueso de un sector que, como reconoce la propia Comisión, emplea en Galicia al 3% del mercado laboral frente al 0,2% de la media de la UE.
Galicia critica que cada Estado pesque en igual proporción que en los años 80
La reforma que propone la Comisión abre la posibilidad de destinar recursos y medidas específicas para ese subsector artesanal, “pero se queda en eso, en establecer la posibilidad dejando el resultado final en manos de los Estados”, critica la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que insiste en elevar de 12 a 15 metros la eslora máxima de los barcos y de 24 a 36 horas el tiempo de faena. De lo contrario buques gallegos como los del cerco, unos 160, quedarían fuera de la categoría. Y aun así no será posible mantener dentro a un centenar de arrastreros de litoral, cuyas artes son demasiado agresivas para ser artesanales.
Los tres partidos destacan que la pesca costera gallega es la más sostenible y apenas tiene descartes porque todas las capturas son especies comercializables abundantes. “En Galicia el problema no es que se capturen por error especies en peligro o que no se comen; peces hay de sobra, lo que no hay es la cuota correspondiente para luego poder comercializarlos”, explica la diputada autonómica socialista Marisol Soneira.
La Xunta, por su parte, hace hincapié en la necesidad de flexibilizar la posibilidad de que los pescadores de altura se vendan entre sí cuotas de pesca. Quiere que flotas como la de Gran Sol, donde los gallegos ya son los principales pescadores, tengan más fácil pescar lo que otros Estados no quieren. “Como se venden ya en el mercado común todo tipo de productos”, ejemplifica Mar. Por el contrario, el Gobierno gallego se opone a la venta de cuotas a nivel artesanal, pero no llega al extremo del BNG de pedir a Bruselas que lo vete directamente ya que dice confiar en que el Gobierno central no lo aplicará.
Y a estas alturas, teniendo en cuenta el obligado equilibrio de la Comisión entre los conservacionistas y los pescadores, entre la sostenibilidad ecológica y la económica y social, ¿qué se puede conseguir y qué no?
Miranda confía en que se puedan introducir mejoras expresas para la pesca artesanal e incrementos en las cuotas de alguna especie, pero en el lado negativo teme que Galicia ya ha perdido influencia política y que las cuotas transferibles entre pescadores dañarán a los pequeños en beneficio de los grandes.
La socialista Soneira coincide en la pérdida de influencia política. “Damos mensajes de que la pesca nos es irrelevante, con detalles como los nombres del ministerio o de la consellería”. Al contrario que la nacionalista tiene “serias dudas de que se pueda conseguir poco más” en las negociaciones que restan, lo que atribuye a que “el ministro de Agricultura ya dijo que fue todo estupendo y lo único que logró fue retrasar lo que por lógica ya se iba a retrasar”.
La Xunta niega esas acusaciones y recuerda que el poder de negociación directa de una comunidad en Europa es limitado. Así que asegura que aún se puede convencer a Bruselas de cuestiones como la flexibilización de la prohibición de los descartes. Pero sin olvidar, destacan desde la Consellería do Mar, que “la principal amenaza para la pesca artesanal gallega es el principio de estabilidad relativa, seguir pescando como en los 80”.
Acuerdos
- Pescar menos y luego más. Hasta ahora la UE fijaba un máximo capturable de cada especie para no ponerla en riesgo. El nuevo objetivo es que esas especies se recuperen más y en 2015 se logre de ellas el llamado RMS (rendimiento máximo sostenible). La Comisión quiere así "pasar de una pesca intensiva de las poblaciones más pequeñas a una pesca racional de las más abundantes". Pero para ello habrá que pasar años pescando menos, lo que exige ayudas para redes más selectivas o tecnología. Es lo que reclaman los tres partidos gallegos, asumiendo que el RMS no es alcanzable hasta 2020. "Aunque hay ya especies que lo han logrado", apunta Mar.
- Desembarcar los descartes. La Comisión considera "imposible de justificar" la práctica de tirar muertos al mar los peces capturados por error y quiere eliminarla con artes más selectivas, lo que a su vez contribuirá a alcanzar antes el RMS. Mientras, y para contribuir a conocer mejor el estado de cada especie, pedirá que se desembarque todo lo capturado dedicándolo a harina si hace falta. La Xunta asume esa obligación si se logra dar un uso a ese pescado desembarcado. Y coincide en la necesidad de una mayor colaboración entre pescadores y científicos, lo que se puede lograr gracias a la regionalización de las decisiones que promueve la Comisión.
- Derechos transferibles. La Comisión plantea que, tras entregarlas en concesión los Estados, los armadores se compren y vendan entre sí cuotas de pesca de cada especie de forma que el propio mercado sirva para equilibrar las necesidades y capacidades de cada zona. La Comisión prevé la posibilidad de que los Estados dejen fuera de ese sistema a la pesca artesanal, pero PSdeG y BNG piden que la posibilidad se haga obligación para evitar que grandes empresas acaben haciéndose con el mercado. Mar dice que no es necesario ese veto de Bruselas y cree que lo debe regular cada Estado porque confía en que España no lo aplicará a la pesca costera.
- Aspecto social y desguaces. La Comisión apuesta por regionalizar las normas pesqueras e implicar en su definición a las comunidades locales. También quiere reorientar sus ayudas, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), dotado con 6.500 millones, más allá de a los propietarios de buques para que mejoren en general la calidad de vida de las comunidades costeras. Con el apoyo del BNG se acabarán, por ejemplo, las ayudas al desguace de barcos (2.730 millones entre 1994 y 2013, según la Comisión), porque dice que no han servido para pescar menos ni mejor. La Xunta discrepa y pide, como Italia y Francia, mantenerlas en casos puntuales.
- Discrepancia en acuicultura. La UE dará más dinero a la acuicultura, en la que es la principal discrepancia entre el BNG por un lado y Xunta y PSdeG por otro. Miranda critica que se apuesta por la acuicultura de grandes piscifactorías y se desatiende la tradicional. Soneira cree que el de la acuicultura es "el único aspecto al que le da un gran impulso esta reforma". Y para la Xunta, pese a ese impulso a la acuicultura intensiva "la reforma sigue apoyando a la acuicultura tradicional, como los mejilloneros". Frente a la crítica del BNG, PSdeG y Xunta apuestan por facilitar el acceso al pescado con las piscifactorías, aunque discrepen de sus ubicaciones.
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