“Solo pedimos vivir como personas”

“Sólo queremos vivir como personas”, repite constantemente Pedro Cortés, un vecino de Alfafar de 22 años. Este joven, casado y en espera de un bebé, pertenece a una de las ocho familias que ocuparon hace un mes varias de las viviendas de protección oficial situadas en el barrio de La Fila de esta localidad valenciana. El jueves, un inspector del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se presentó junto a dos agentes para avisarles de su inminente desalojo. Hasta ahora no ha ido nadie, pero ellos aguardan intranquilos y protestan por su derecho a un techo bajo el que poder dormir.

Desde aquel día en el que —según cuentan los vecinos, que se arremolinan en cuanto escuchan hablar sobre el tema— el responsable de consejería les avisó de su posible futuro, varias pancartas cuelgan de las rejas de estos cuatro bloques. “Cuando la vivienda es un lujo, la ocupación es un derecho” o “Tenemos hambre de vivir como todos” son algunos de los mensajes. “Yo vería injusto meterme en un piso vacío y no pagar nada mientras los otros lo hacen”, comenta Cortés, “pero aquí queremos estar de legal. Pagamos la luz, el agua y la comunidad”.

Estas viviendas, construidas hace décadas, albergan a 96 familias y fueron distribuidas entre personas con pocos recursos. El pago mensual ronda los 80 euros, pero varía dependiendo de la media de ingresos por núcleo familiar. Algunas se han ido quedando vacías a lo largo del tiempo y la consejería, según indican, no las ha repartido. “Yo llevo tres años pidiéndolas y no me han hecho ni caso”, continúa Cortés. “Al final parece que tengas que pegar una patada para que te escuchen”, señala. Este chico dice que ha llegado a estar un mes durmiendo con su mujer en un coche abandonado porque no cabían con sus padres.

La consejería alega que las casas no están en condiciones habitables, pero al entrar se observa que no existe ningún peligro. “Lo único que nos encontramos fue algo de suciedad por estar cerradas, pero hay de todo”, señala Cortés. Efectivamente, los grifos funcionan, el baño y la cocina están equipados y lo único que faltan son las bombillas. “Yo he enchufado dos para tener luz, pero no me atrevo a poner lámparas por si me tiran”, expresa el inquilino.

La reivindicación apunta a tener una vivienda donde “vivir como personas” porque, según aseguran, están “peor que los animales”. Ni siquiera es una cuestión de cercanía. Ellos, advierten, se muestran dispuestos a irse a otras poblaciones a pesar de que casi todos los habitantes de la conocida popularmente como “finca roja” son parientes o conocidos. “No nos importa que nos la den en La Coma”, protestan, “lo que queremos es tener sitio donde estar con nuestros hijos”.

Su empeño es tal que Cortés ha redactado, de su puño y letra, una petición a la consejería para que les asigne los inmuebles vacíos. Para entregarla ha recogido 67 firmas de vecinos e insiste en que casi todos están conforme. “los únicos que faltan es porque les he pillado fuera”, lamenta mientras dice que “ninguno de los que viven aquí tiene trabajo”. Lo ratifica Yolanda Camacho, una mujer que lleva 27 años viviendo aquí con su madre y 10 con piso propio. Ahora mismo, su hija, de 22 años, está embarazada de dos meses. Es otra de las ocupantes. Reconoce que tiene miedo de que la echen y confiesa que algunas noches duerme con ella porque no quiere que llegue la policía “y le pueda pasar algo al niño”.

Mientras enseña su casa, varios acompañantes apuntan al descampado y al patio de detrás de los edificios. “Todo lo hemos recogido nosotros”, afirma Enrique, otro vecino, “porque aquí no viene nadie a arreglar los jardines”. “Lo que está lleno de escombros es del Ayuntamiento, que no hace nada”, añade indicando con el dedo. “Se han roto bajantes de tuberías y hay alcantarillas sin protección que nadie viene a arreglar”, persisten.

Su situación ha llamado la atención de políticos como Marina Albiol, de Esquerra Unida. La diputada mostró ayer su apoyo a las familias de este barrio y destacó que “en vez de desalojar a estas personas, lo que hace falta es encontrar una solución”. “Todo esto es fruto de la nefasta política de vivienda del PP”, agregó, “que nos ha llevado a ser la primera autonomía en desahucios”. “Es un contrasentido que, con 4.562 desahucios en el primer semestre de 2012, estas viviendas de protección oficial estén vacías”, sentenció. También cuentan con el apoyo de la Koordinadora de Kolectivos de Parke Alkosa, una agrupación ciudadana que el viernes por la noche se unió a la resistencia en caso de desalojo.

A pesar de las amenazas, estas familias no se piensan ir. En una asamblea espontánea, los residentes defienden la resistencia como forma de actuación cuando vengan a echarles. “No les vamos a tirar piedras o tomates, como hacen ellos”, opinan, “pero nos vamos a plantar para que no entren”. “Pretenden que se deteriore el barrio porque les sobra”. “Queremos que se entere hasta Zapatero”, suelta uno. “Mira cómo estamos de olvidados, que no sabemos ni quien es el presidente del Gobierno”, le corrige otro.