Los pescadores se encomiendan al boquerón portugués
El Gobierno negocia con Lisboa un intercambio de cuota pesquera
El Gobierno español y los armadores del golfo de Cádiz ven en Portugal la solución a sus problemas tras el cierre del caladero de boquerón a los barcos españoles al haber agotado su cuota de captura. El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, apuntó ayer que se está negociando con el gobierno luso un nuevo intercambio de cuota que permita, al igual que ocurrió en años anteriores, alargar la temporada de pesca. Esta solución fue reclamada ayer tanto por la Federación Andaluza de Armadores como por la Junta.
En declaraciones a Europa Press, Domínguez indicó que junto a las 800 toneladas extra de Portugal obtenidas ya, el Gobierno sigue trabajando “para conseguir más”, a través de intercambio de cuota de pesca de boquerón por cuota de otra especie que le pueda “interesar” a Portugal.
El cierre cautelar del caladero ha dejado sin actividad a 108 barcos en el golfo de Cádiz. Anteriormente, ya se había decretado la prohibición de la pesca para el rape y la cigala. Sólo en la localidad de Barbate (Cádiz), esta parada deja sin empleo a 267 personas de forma directa. Las cofradías de pescadores afectadas estudian el inicio de movilizaciones ante la clausura de los bancos de pesca.
“No se trata de una decisión sorpresa ni inesperada, sino que el Gobierno está obligado a hacerlo en ejercicio de su responsabilidad y en cumplimiento de la normativa comunitaria y española", añadió Domínguez, quien insistió en que “ahora mismo es imposible moratoria alguna porque la pesquería está cerrada”.
El delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, Federico Fernández, considera que la decisión aún puede tener marcha atrás. Para el delegado, “existe margen de actuación”, puesto que la medida tiene carácter “precautorio”.
Por otra parte, ayer cuatro barcos de La Línea volvieron a faenar sin problemas en las aguas que rodean a Gibraltar después del acuerdo alcanzado con el gobierno del Peñón el pasado 3 de agosto, informa Cándido Romaguera.
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