El PSdeG acusa a la Xunta de despedir a 3.476 empleados
Los socialistas citan cifras oficiales del Instituto Galego de Estatística
El responsable del Área Institucional del Grupo Socialista, José Manuel Lage Tuñas, acusó ayer a la Xunta de suprimir en los últimos tres años un total de 3.476 empleos públicos, cuestión que para el socialista tendrá como consecuencia “un grave deterioro” de los servicios públicos de la comunidad. A su modo de ver, la reducción de trabajadores de la Administración “se verá incrementada con el Real Decreto de Rajoy para despedir colectivamente a trabajadores de la administración”.
Los socialistas citan estadísticas oficiales del Instituto Galego de Estatística para asegurar que, mientras en enero de 2010 la Xunta contaba con 91.190 públicos, en enero de 2012 la cifra oficial registró 87.714, lo que supone una reducción total de 3.746 trabajadores.
En este sentido, el diputado del PSdeG apuntó que la mayor destrucción de empleo público se concentró en educación y sanidad. “En los centros educativos tuvimos en el curso 2011-2012 unos 1137 profesores menos, según cifras del Gobierno de España, y la previsión para el curso 2012-2013 ronda los 990 profesores. En sanidad se prescindió de más de 700, al dejar de cubrirse bajas de personal sanitario en hospitales y centros de salud”, aseguró Lage.
Despidos colectivos
También ayer, Lage Tuñas registró en el Parlamento una interpelación urgente al Gobierno gallego para que “aclare qué planes de despido colectivo de trabajadores públicos está manejando al hilo del inminente Real Decreto del Gobierno de Rajoy”. El socialista exige a Feijóo que explique “si Función Pública de la Xunta está preparando medidas laborales” en el empleo público y sospecha que el Real Decreto que impulsa el Gobierno central —con el que se regularán los procedimientos del despido colectivo en la administración— suponga “un paso más hacia el deterioro” de los servicios públicos de Galicia.
Asimismo, Lage acusó al Partido Popular de impulsar una operación política y económica “para deteriorar primero los servicios públicos, luego decir que son ineficientes y, finalmente, privatizarlos para ponerlos en manos privadas”. “Es un arma legal más al servicio de la ideología neoliberal, que persigue la reducción al mínimo del Estado y dejar en manos privadas los servicios públicos”, alertó el parlamentario socialista.
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