Los usuarios del metro consideran desmesurada la subida de precios

"Es un ataque al transporte público y a los que lo utilizamos”, señalaba Manuel Maneiro, un pintor de 49 años que se desplaza seis días de la semana desde el centro hasta Rosas, al lado del aeropuerto de Valencia. “No me extrañaría que el que pueda haga cuentas y comparta coche o que otros que se vean muy apretados, como yo, se cuelen”. La opinión de este usuario del metro de Valencia se correspondía al resto de las personas que hacen uso de este servicio, que el 1 de septiembre deberán pagar hasta un 5% más de media por cada trayecto.

“Tal y como están las cosas estoy pensando en irme a vivir al lado de donde tengo la faena”, continuaba Maneiro, que reconoce gasta unos 60 euros al mes en desplazamientos. Según las nuevas tarifas anunciadas el lunes por la Agencia de Movilidad Valenciana, un billete de metro aumentará su precio entre el 3,4% del sencillo hasta el 11,15% en el caso de los tiquets de ida y vuelta. Este incremento en el servicio supera el de los dos puntos más de IVA, del 8% al 10%, que entrarán en vigor el próximo mes. Por eso, el portavoz de infraestructuras del PSPV, Francesc Signes, alegó que la medida es “abusiva” y “no se corresponde” con el aumento de impuestos indirectos: “El PP aprovecha la ocasión para sanear una empresa que lo que tiene es una grave situación de crisis por la política de despilfarro consecuente de la contratación sin control de empresas externas y de los excesivos salarios de alta dirección”. El socialista recordó que, según el informe del Síndic de Comptes del 31 de diciembre de 2010, las deudas a largo plazo de Ferrocarrils de Comunidad Valenciana son de 609,6 millones de euros. Esto sumado a las de corto plazo (299,6 millones de euros) da un total de casi 1.000 millones de euros. Signes pidió a la consejera de Infraestructuras y presidenta del consejo de administración de la empresa, Isabel Bonig, que se pusiera “a trabajar” por sacarla de la bancarrota “eliminando los elementos que la están llevando a la ruina” y no “cargando sobre los usuarios”.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana dice que no hay relación con el servicio

Marina Albiol, diputada del grupo parlamentario de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, coincidió en que es “una penalización injustificada” y apuntó que, como dijeron hace unas semanas, “forma parte de una estrategia de privatización de los servicios públicos” que afecta “de manera desigual a los ciudadanos”. “Es otro ejemplo de que los trabajadores y los estudiantes pagan la crisis que no han provocado”.

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana lo valoró como “desmesurado” y señaló que “dada la cantidad de quejas, no hay relación calidad-precio”. “Ni mejora ni promociona un transporte ineficiente”. “Es una brutalidad”, apuntaba también Oliver Clavell, un castellonense que vive en Amsterdam, “si llego a venir con mi pareja y mis hijos me sale mejor coger un taxi”.